En su cuarto intento, la audiencia para resolver la sanción impuesta a Verónica Abad se suspendió nuevamente. Fue en esta ocasión cuando la Vicepresidenta sin funciones acusó a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, de presunto fraude procesal y perjurio, y adelantó acciones penales en su contra por difamación.
De su lado, la ministra Núñez aseguró “no tener miedo” en torno a procesos en su contra por parte de la Segunda Mandataria. Incluso, apuntó de vuelta a Abad por presunto perjurio, al declarar bajo juramento que la segunda acción de protección presentada contra el Ministerio de Trabajo no está dirigida contra las mismas personas y por las mismas causales. Algo que, según Núñez, no es cierto.
“Yo no tengo temor (…) no le tengo miedo ni al diablo, no tengo miedo de que me denuncien. No hay elementos por fraude procesal”, dijo.
De acuerdo con Núñez, su presencia en las últimas audiencias se dio para defender la resolución del sumario administrativo con el que se sancionó a la Vicepresidenta. A esto, se suma el expediente completo del proceso tras las exigencias de la ley. Además, insistió en que desde el Ministerio de Trabajo no se solicitó ningún diferimiento de la acción de protección.
Por otro lado, descartó que, desde este caso, exista un precedente para sancionar al Presidente de la República vía sumario administrativo. Precisó que, en el caso del Primer Mandatario, este no recibe disposiciones para ejercer sus funciones, por lo que no aplicaría este proceso para el jefe de Estado.
Fijación salario básico 2025
Ante la falta de consensos para definir el salario básico para el 2025, el presidente Daniel Noboa puede estipular su valor mediante decreto ejecutivo, y puede ser también el Ministerio de Trabajo el que lo haga. Así lo explicó la titular, Ivonne Núñez.
Núñez explicó que, en estos casos, debe considerarse una fórmula matemática basada en los indicadores de la inflación y el crecimiento económico. Recordó que, durante las reuniones del Consejo de Trabajos y Salarios, existieron dos propuestas desde los empleados.
La primera sugería el aumento de USD 102 a la actual remuneración básica unificada, mientras que la segunda proponía un incremento de USD 25. De su lado, precisó que desde el sector de los empleadores no se planteó una modificación.
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