La ministra Ivonne Núñez explicó que la postura de la institución parte del dictamen de un juez que, en su momento, no concedió la acción de protección a favor de Abad, antes de la apertura del sumario administrativo, y aclaró que, por esta vía, la Segunda Mandataria no podrá ser destituida, pero sí suspendida.
Según Núñez, la Ley Orgánica del Servicio Público considera que funcionarios electos por voto popular también son servidores públicos, con la única diferencia de que no son de carrera.
Explicó que, en el caso de Verónica Abad, esta incurrió en una ausencia puntual de 5 días de su cargo, tras la disposición presidencial de trasladarse de Israel a Turquía. Por ello, detalló que la sanción impuesta de cinco meses contra Abad, se dio en proporcionalidad a la máxima que es de 24 meses se suspensión, que sirve como base para las multas.
Por otro lado, la Ministra negó que esta acción pretenda allanar el camino para que el presidente Daniel Noboa haga campaña electoral para los comicios del 2025.
Aires de juicio político
Desde la Asamblea Nacional, las distintas bancadas han adelantado su intención de iniciar un juicio político contra la ministra Núñez, tras lo acontecido con Verónica Abad. Esto, en respuesta a un pedido de la suspendida Vicepresidenta, acerca de revisar la decisión del sumario administrativo.
Frente a esto, la Ministra aseguró no tener miedo a someterse a un proceso de fiscalización a los que consideró, acumulan, «odios heredados».
«No le tengo miedo a ningún juicio político. Son juicios de números y de venganzas», dijo.
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