El hecho ocurrió en septiembre del 2016 cuando $ 2.507 millones fueron borrados de las Cuentas por Cobrar al Gobierno. La Contraloría ha dado 30 días tanto a Espinosa como a los otros funcionarios para una última ronda de descargos.
Sin embargo, para los jubilados, Espinosa no tendría dichos justificativos. Consideran que de tenerlos ya los hubiese presentado en la auditoría.
También argumentan que las autoridades no han sido de cobrar las deudas correspondientes al Gobierno a pesar de existir convenios de pago.
Recordaron que Espinosa informó públicamente al presidente Rafael Correa que el Gobierno no le debía nada por concepto de Salud.
