La Judicatura informó que dicho fiscal emitió un pronunciamiento en el que pretendía dejar fuera del proceso a 7 implicados en este caso, sin la debida argumentación jurídica ni la motivación que exigen la Constitución y las normas.
La alerta se recibió a través de la dirección de transparencia de la entidad, «que recibe denuncias, que recibe alertas, que a veces funcionarios judiciales también nos alertan, secretarios, los mismos jueces», dijo Jalkh. El titular del CJ sostuvo que el dictamen que el fiscal pretendía emitir no tenía sustentación.
«Si no intervenía el Consejo con sus competencias, ¿era un escenario deseable para la verdad y el esclarecimiento, para que a nadie le quede duda quiénes son responsables y quiénes no lo son, al tenor de este dictamen mixto? Mi respuesta es que no, evidentemente».
Jalkh defendió la medida tomada por el CJ, en el marco de sus competencias. «No vamos a intervenir en la actividad jurisdiccional de jueces o de fiscales, tampoco permitiremos que se pretenda interferir en nuestras competencias disciplinarias».
Finalmente informó que, además del sumario administrativo contra Tibanlombo, se solicitará a la Contraloría General del Estado que se haga un análisis de los bienes del fiscal. Mientras, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, encargó la Fiscalía Especializada de Administración Pública No. 3 al fiscal Juan Carlos Zúñiga, quien asumió las investigaciones por el presunto delito de cohecho que la Fiscalía sigue en contra de 18 procesados, entre ellos Álex B., y Carlos P.Y., dentro del caso Petroecuador.
El nuevo fiscal está analizando el expediente del caso para la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, fijada para el martes 17 de enero, en la Unidad Judicial Penal de Quito.
