En el encuentro, Jalkh explicó que es necesario reformar el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) para que, en caso de que hayan dos o más pensiones impagas, el juez pueda emitir inmediatamente la boleta de apremio contra el deudor y luego convocar a una audiencia en la que se establezca la voluntad real de pago.
Actualmente, por una disposición de la Corte Constitucional, cuando hay pensiones alimenticias pendientes, se convoca primero a una audiencia en la que se dictan las medidas de apremio.
Según Jalkh, esto ha implicado que la Función Judicial tenga que atender 5.000 audiencias adicionales por mes, así como retrasos en el cumplimiento de las diligencias. «Planteamos un cambio puntual que nos permitirá ser ágiles en la determinación de las boletas de apremio y de la buena fe del obligado», apuntó.
La autoridad judicial recordó que la propuesta fue presentada en septiembre de 2017 a la Comisión de Justicia de la Asamblea. El Consejo de la Judicatura también propone cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionados al procedimiento abreviado y el dictamen de abstención por parte de un fiscal.
Con la norma vigente, el encausado, si acepta el cometimiento del delito, puede acogerse al procedimiento abreviado, es decir, a una rebaja de la pena, cuando esta no supere los 10 años. Pero, para el funcionario judicial la rebaja debe ser solo hasta la mitad de la pena.
Además, planteó que se aclare la redacción, ya que puede generar «algunas interpretaciones no muy adecuadas» que pueden ser disminuciones muy altas, contrariando el espíritu del Código.
Adicionalmente se propone que, cuando exista un dictamen fiscal abstentivo, este suba a consulta de la instancia superior, siempre que se trate de delitos penados con más de 5 años.
Actualmente, esta disposición rige solo para los delitos que superen los 15 años de pena. La presidenta de la Asamblea mostró interés en los temas, sobre todo, en el que tiene que ver con el sustento de la niñez.
Fuente: El Telégrafo
