Los afectados por esas decisiones han tomado las resoluciones del Cpccs-t como jurisprudencia. Y ahora van por reclamaciones ante las nuevas autoridades, para que sus derechos sean reparados. La primera evaluación terminó en la destitución de los cinco exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ).
Las decisiones más cuestionadas son las separaciones de jueces por error inexcusable. El Pleno del Consejo transitorio rechazó, en su resolución, que la Judicatura hubiera tenido competencia para declarar la existencia de esa figura en las sentencias y destituir jueces. Asoció estas sanciones como parte de una dependencia judicial con la política.
El abogado Hernán Ulloa representa a más de 250 jueces destituidos por esta vía. Ellos ya solicitaron al CJ transitorio que se los restituyera. Aunque, todavía no hay una decisión. Aquiles Rigaíl, vocal de la entidad, adelantó que la figura del error inexcusable se generó de manera “perversa” y que los jueces “deben ser restituidos a sus funciones porque de otro modo no cabe que se diga que esto está mal, pero que no se corrija la maldad”.
El segundo organismo en el que se completó la evaluación fue el Consejo Electoral (CNE); también se cesó a sus cinco exintegrantes. En esa evaluación se establecieron varias irregularidades, por ejemplo, en los procesos para quitar casilleros electorales. Y la no asignación de fondos partidarios permanentes. Los dirigentes políticos, ahora, quieren recuperar esos derechos. María Paula Romo, dirigente de Ruptura, espera que su movimiento vuelva a ser habilitado para las elecciones.
