«El fiscal pidió la aplicación de la euroorden» ante el juez, informó a los periodistas uno de sus abogados, Christophe Marchand, al término de la audiencia celebrada en el imponente Palacio de Justicia de Bruselas.
El presidente catalán cesado y cuatro exconsejeros de su gobierno, sobre quienes también pesa una euroorden, lograron esquivar a la horda de fotógrafos y cámaras a su llegada al tribunal, que fue anunciada por su entorno.
Aunque la fiscalía pidió la aplicación del mandato detención, pese a que no todos los cargos que se les imputan tienen equivalentes en el derecho belga, el magistrado pospuso su decisión y convocó una nueva vista. El 4 de diciembre, la defensa, que piensa denunciar un «proceso político» en España que refleja a su juicio la «histeria judicial» de Madrid en este caso, podrá presentar sus alegatos contra la extradición.
Sin ‘corrupción’
La declaración unilateral de independencia de esta región del noreste de España el 27 de octubre llevó al gobierno español a cesar al ejecutivo catalán, poner la autonomía bajo su tutela y convocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.
A finales de octubre, los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica, mientras que ocho de sus compañeros, que comparecieron ante la justicia española, se encuentran en prisión preventiva y un último quedó en libertad bajo fianza.
El 3 de noviembre, una magistrada española emitió euroórdenes de entrega contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, a quienes acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
El fiscal belga consideró este viernes que los motivos de las acusaciones de rebelión y sedición tenían equivalentes en el derecho belga, pero no así el cargo de prevaricación, según los abogados.
El ministerio público considera que los hechos no son constitutivos de corrupción, como se argumenta en la euroorden, sino que deben considerarse como de «coalición de funcionarios y malversación por parte de funcionarios», precisaron. Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica al menos hasta enero.
Rajoy acatará Mientras tanto, los cinco no pueden salir de Bélgica sin autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones judiciales y policiales, tal y como decretó el juez el 5 de noviembre después de que se entregaran.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, indicó por su parte que acatará la decisión de la justicia belga, al ser preguntado sobre confiaba en los magistrados de este país al término de una cumbre de la UE en la ciudad portuaria de Gotemburgo.
«Yo confío en el poder judicial y, sobre todo, lo respeto y acato sus decisiones», dijo Rajoy en el país nórdico, donde se reunió con su par belga Charles Michel, con quien mantiene unas relaciones «magníficas». «No hemos hablado del asunto catalán», precisó.
La estancia de Puigdemont en Bélgica puso en un aprieto al gobierno de coalición belga liderado por el francófono valón y generó roces con el ejecutivo de Rajoy, molesto por los llamados al diálogo y la condena de la violencia en Cataluña de su homólogo belga.
De agotarse todos los recursos, los cinco políticos catalanes vivirán las elecciones regionales desde Bruselas, donde Puigdemont podría hacer campaña tras mostrar su interés por liderar una lista «transversal» apoyada por su partido, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT, conservador).
Este viernes, los candidatos deben presentar oficialmente sus candidaturas. El presidente de la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva, suena como número dos de la lista.
Fuente: El Telégrafo
