Después de la revelación del medio digital La Posta, Torres y Pérez reconocieron que se encontraron de forma ‘casual’ en el departamento del exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio Darwin Seraquive, pero que no fue un diálogo pactado o previsto y en el que tampoco hablaron sobre el recurso subjetivo contencioso en contra de los resultados numéricos de la elección presidencial del 7 de febrero, que proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La queja la presentó el abogado Manuel Pérez Pérez como “ciudadano independiente”, según dijo, y en su escrito alegó que el juez mantuvo esta reunión infringiendo el reglamento interno del TCE y su Código de Ética.
Esto constituye una “acción antijurídica que incumple y viola expresas disposiciones legales, lo que afecta la imagen institucional, los derechos de participación, de transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral, poniendo en peligro a toda la institución garante de la democracia por las dudas que esto genera sobre su accionar”.
El accionante deja entrever que el 1 de marzo “coincidencialmente” se archivó la denuncia por intervención en el proceso electoral que presentó la alianza electoral Unión por la Esperanza (UNES) en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, cuando este solicitó realizar una auditoría al sistema informático del CNE. Y, al 2 de marzo, el organismo de control “emite un informe del examen especial al patrimonio del juez Torres, que deja insubsistentes las observaciones realizadas especialmente en lo referente a los pagos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito”.
Se cuestiona que Torres haya acudido al departamento de Seraquive por una “consulta particular en material legal, cuando los jueces tienen prohibición expresa de desempeñar otras funciones, con excepción de la docencia”.
Además recoge las expresiones de Pérez en un tuit en el que aclaró que en un maletín no llevaba dinero sino “actas” de escrutinio. “El maletín que se menciona estuvo en la reunión contenía actas electorales, y se puede presumir que no solo se conversó de la causa, sino que además se analizaron documentos o pruebas” del recurso electoral, señala el denunciante.
El TCE aún no ha informado si admitirá a trámite la acción de queja o si Manuel Pérez debe completar requisitos legales.
El juez Torres aseguró que no asesoró a Pérez, respecto del recurso subjetivo que presentó en el TCE. Pero adelantó que se excusará de conocer la causa, que se tramitará por el pleno de los cinco jueces.
El presidenciable y el movimiento PK presentaron en una primera ocasión dicho recurso incompleto e impreciso, por lo que el juez sustanciador Fernando Muñoz le pidió que lo aclare y complete para que sea admitido a trámite.
Nota Original: El Universo – LINK
