El 19 de junio pasado, el juez Patricio Baño ordenó que este proceso sea reservado para terceras personas, tras un pedido que hizo la fiscal Diana Salazar, de la Unidad de Lucha contra la Corrupción. La investigadora argumentó que el sigilo obedece a que el delito que se investiga es contra el Estado.
Sin embargo, su pedido fue cuestionado por los abogados de los sospechosos. Ivonne Núñez, defensora de Rivera, por ejemplo, dijo que la orden de reserva siembra dudas en la ciudadanía. Por eso pidió al juez que levante la medida.
Actualmente, este proceso ya tiene más de 25 cuerpos, lo que equivale a unas 2 500 páginas. En esta causa, Salazar indaga un presunto delito de asociación ilícita, tras el informe revelado por Estados Unidos, en donde se dice que funcionarios ecuatorianos recibieron aparentemente USD 33,5 millones de Odebrecht.
