Cevallos confirmó, además, que se mantienen las medidas cautelares para Luis Ch. de prisión domiciliaria, y la incautación de un departamento en Quito y un vehículo.
«Hugo M. y Pedro V. se encuentran prófugos. Luis Ch. tiene arresto domiciliario por pertenecer a la tercera edad», informó la Fiscalía a través de Twitter, donde afirmó que la investigación del caso inició en junio del 2015:
Asimismo, la jueza solicitó la incautación de bienes y dinero de las cuentas bancarias para Hugo M., y Pedro V. «Para el abogado de Hugo M y Pedro V. una multa de 2 SBU, por no asistir a la instalación de la audiencia», afirmó.
Durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, que se realizó del 3 al 5 de mayo, según la Fiscalía, se analizaron los vicios de formalidad y la jueza declaró la validez del proceso. Acto seguido, se efectuó la audiencia de sustentación de dictamen por procedimiento ordinario al que se sometieron los otros cuatro procesados en este caso.
La fiscal Diana Salazar emitió dictamen acusatorio contra Luis Ch., Hugo M. y Pedro V., y solicitó a la jueza que sean llamados a juicio por ser considerados presuntos responsables del delito que se les imputa. Además, la fiscal se abstuvo de acusar a Francisco A., por lo que la jueza ratificó el estado de inocencia de este ciudadano.
Salazar, al presentar los elementos de convicción, manifestó que Luis Ch. habría firmado 47 cartas de autorización de egresos con montos altos por un total de 16 millones de dólares, que no tuvieron respaldos legales.
También, explicó que existen varias cuentas bancarias de la FEF con movimientos irregulares que no son justificados ante los organismos de control, como el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Salazar mencionó que en una auditoría realizada a la FEF, en 2014, se habría develado que existieron desvíos de fondos y en las transferencias al exterior no se aplicaron las normas internacionales para justificar los fondos.
En el mismo caso, la jueza Cevallos, a pesar de que la Fiscalía solicitó de 1 a 3 años de pena privativa de libertad para Vinicio L., se lo sentenció a 12 meses de privación de libertad por lavado de activos en el caso Ecuafútbol, tras acogerse al procedimiento abreviado.
La jueza también dispuso la incautación de un vehículo y una moto valorados en 32 400 dólares, que el excoordinador de selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no pudo justificar. Además, tendrá que pagar una multa de 64 800 dólares, es decir el doble del monto de los bienes injustificados.