La investigación se inició en base a la denuncia presentada por la asambleísta de Alianza País, Rosana Alvarado, que acusó a la empresa de manipular encuestas para favorecer al excandidato presidencial Guillermo Lasso.
En la diligencia, la fiscal Cecilia Garzón presentó cargos contra la empresa y sostuvo que hay la presunción grave del delito señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que solicitó la prohibición de enajenar bienes y la intervención de la empresa por parte del ente público de control competente.
Juan Pablo Albán y Lorena Grillo realizaron la defensa de Cedatos y de su presidente Ángel Polibio Córdova, quien no participó en la diligencia.
La jueza aceptó el pedido de la Fiscalía de prohibir la enajenación de bienes, no así de la intervención de la empresa. También ordenó notificar el inicio de la instrucción fiscal contra Cedatos.
