El cumplimiento de la pena en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Chillogallo, en el sur de Quito, se le hace ya obligatorio a Martínez, pues la jueza de Pichincha, Miriam Buñay, en calidad de jueza penitenciaria, el 17 de diciembre último, le negó el pedido hecho por la defensa de la exasesora presidencial, quien además fue jueza y vicepresidenta de la Corte Constitucional, para acceder al beneficio penitenciario del régimen semiabierto.
Dentro de lo que se conocía como el caso Arroz Verde, Martínez fue detenida el 5 de mayo de 2019 y se mantuvo internada en el CRS con una orden de prisión preventiva hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, fecha en la que recibió un cambio de medida cautelar.
Esos seis meses recluida se deben restar de la condena de nueve meses y 22 días que finalmente recibió en septiembre pasado, luego de que el Tribunal de Casación de oficio casó y reformó la sentencia inicial de 32 meses de prisión que le emitió de forma unánime el Tribunal de Juzgamiento en abril de 2020.
Una vez que se inició la ejecución del fallo en el caso Sobornos, a finales de septiembre pasado, Martínez se entregó el 21 de octubre pasado a la justicia para completar su sentencia. Además de la pena de cárcel, Pamela Martínez debe cancelar como reparación integral $ 778 000 y ofrecer disculpas públicas al país por el acto de corrupción en el que participó, según ella por disposición de sus superiores.
La defensa de Martínez, Jimmi Salazar Sánchez, ha negado que la fiscal general, Diana Salazar, le haya obligado a su cliente a escribir el cuaderno que sirvió de elemento de prueba dentro del caso Sobornos 2012-2016. Lo dijo en respuesta a lo dicho por actores políticos que señalaban que su defendida contactó a uno de los abogados del caso Sobornos pidiendo asilo y a una supuesta presión recibida desde la Fiscalía para que Martínez forjara un cuaderno y finja un allanamiento, en Quito, en donde se lo encontró.
Pese a la reducción de la pena, Martínez presentó en la Corte Constitucional (CC) una acción extraordinaria de protección, pues considera que existieron violaciones a derechos constitucionales en la sentencia por cohecho agravado. Por sorteo la jueza constitucional Carmen Corral tiene la competencia para conocer las acciones extraordinarias de protección presentadas en este caso.
Con el pedido de la exasesora son 18 las acciones extraordinarias de protección presentadas en la CC por sentenciados en el caso Sobornos. Entre los solicitantes están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, ambos condenados a ocho años de cárcel como autores mediatos por instigación, seis exfuncionarios públicos y nueve empresarios.
Correa, así como otros sujetos procesales acusados y sentenciados, han puesto en duda la veracidad y legalidad como prueba de las agendas encontradas dentro de un departamento de Pamela Martínez. A decir del expresidente, Martínez actuó sin su conocimiento y fue quien se benefició del dinero ilícito proveniente de empresas contratistas del Estado como Odebrecht.
Nota Original: El Universo – LINK
