La Asamblea Nacional no completa la entrega de una resolución tomada en una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) del 20 de marzo, en la que se calificó y admitió a trámite el juicio político en contra del jefe de Gobierno, Guillermo Lasso, a la Corte Constitucional (CC). La jueza sustanciadora, Teresa Nuques, quien prepara un pronunciamiento sobre el pedido de dictamen de admisibilidad, que determine la procedencia o no de la interpelación, exigió el envío de esa resolución, aunque en la Legislatura no hay registro de ella.
La jueza de la Corte Constitucional, ponente de la causa, Teresa Nuques Martínez avocó conocimiento de la solicitud de juicio político que presentó la Legislatura el viernes 24 de marzo y previo a admitirlo, solicitó a la institución proponente que le remita la copia íntegra del expediente de juicio político y en especial un documento, que hasta el momento, no llegaría a su despacho.
El expediente debía incluir “todas las peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas de las sesiones” que mantuvo el Consejo de Administración Legislativa y en “especial la resolución del 20 de marzo de 2023 y todo el respaldo de las actuaciones que se hayan realizado”.
La magistrada les dio plazo hasta las 11:30 del sábado, 25 de marzo de 2023, para que se complete el pedido; pero desde la Asamblea, el procurador judicial Christian Proaño solicitó una prórroga hasta las 16:30, argumentando que había documentación que debía ser fotocopiada.
En un cruce de comunicaciones, Nuques aceptó la extensión de la hora, pero enfatizó que el plazo que se les daba para la entrega de documentos “no interrumpe ni suspende el plazo legal establecido en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGCC)”.
Es decir, la jueza no detendría la elaboración de su proyecto de dictamen para conocimiento de los ocho jueces este lunes al final de la tarde, cuando fenece el plazo de tres días que le da la norma para presentar su ponencia.
Hasta la tarde de este 26 de marzo, la Asamblea Nacional informó a la magistrada que no existe una resolución tomada el 20 de marzo.
En uno de los oficios, se observa que la mecanógrafa parlamentaria Marianita de Jesús Robalino informó a la Secretaría General del Parlamento que “las actas de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa: 017, 018, 019 y 020 requeridas aún se encuentran en proceso de transcripción”.
A continuación, el secretario general, Álvaro Salazar, notifica a la CC que según los registros y documentos constantes en su dependencia, “no se desprende un texto formalmente suscrito que corresponda a la resolución del 20 de marzo de 2023″.
Agregó que lo que consta “únicamente” y “como resultado directo de los hechos relatados, el texto suscrito de la resolución CAL-2021-2023-897, de 21 de marzo de 2023, aprobada por el Consejo de Administración Legislativa en sesión CAL 019-2023″, que había sido enviado a la Corte, explica Proaño a Nuques.
Pero, en el mismo documento, el funcionario señala que el 20 de marzo el CAL aprobó la resolución CAL-2021-2023-897, en relación con la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso, presentada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de PK), y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).
En esa plenaria, se calificó y admitió a trámite el juicio político “en virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 129 de la Constitución y en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, al acusarlo de incurrir en los delitos de peculado y concusión.
No obstante, los asambleístas se alertaron del cometimiento de nuevos errores en la solicitud hecha por los interpelantes, quienes invocaron los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referentes a concusión y peculado que estaban derogados desde febrero de 2021.
El presidente de la Función Legislativa, Virgilio Saquicela, convocó nuevamente al CAL para revisar lo aprobado el 20 de marzo y fue así que, el 21 de marzo, el asambleísta y vocal del CAL Esteban Torres solicitó la reconsideración del único punto de la sesión del día anterior sobre la resolución aprobada. Esa reconsideración se aprobó con cinco votos a favor y dos en contra.
Entonces, al aprobarse la reconsideración de esa resolución, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, mocionó la aprobación de un nuevo proyecto de resolución que contó con cinco votos a favor y dos en contra.
Su moción fue que los proponentes del juicio político completen la solicitud en el plazo de tres días “por no reunir los requisitos previstos en la Constitución y la Ley”.
Con ello, el viernes 24 de marzo, el CAL se volvió reunir y admitió a trámite el juicio político y de inmediato lo remitió a la Corte Constitucional para su pronunciamiento.
En la sustanciación de este proceso, el primer mandatario envió sus argumentos de defensa, en un documento de más de 200 páginas, para análisis de los jueces, en el que expresamente les pide que se declare la “inadmisibilidad de la solicitud de enjuiciamiento político presentada por la Asamblea Nacional”.
En esas páginas, Guillermo Lasso advierte a los magistrados de que la Legislatura estaría incumpliendo con el requisito de publicidad de la información, pues la resolución del 20 de marzo no se da a conocer, pese a que lo había solicitado la asambleísta de CREO y vocal en el CAL Nathalie Arias.
“El CAL no ha adjuntado al proceso la resolución tomada el 20 de marzo, en la que este órgano resolvió admitir a trámite la solicitud (de juicio político)”, advirtió Lasso y y añadió que el Legislativo envió todas las resoluciones del CAN “excepto aquella tomada el 20 de marzo, en la que admitieron a trámite a la solicitud antes de “reconsiderar” y enviar a corregir la misma”.
Hasta el cierre de esta publicación no se observó el ingreso de más documentos de la Asamblea Nacional; pero sí escritos de amicus curiae, unos a favor y en contra de la interpelación presidencial.
De acuerdo con los plazos señalados por la LOGJCC, hasta este 27 de marzo, la jueza Teresa Nuques tendría como plazo para presentar su proyecto de dictamen para conocimiento de sus ocho colegas.
Luego, el presidente de la CC, Alí Lozada, tendrá 24 horas para convocar a una sesión, en la que se resolverá la admisibilidad o no del juicio político.
El dictamen será emitido dentro de las 48 horas de presentado el proyecto de Nuques y se resolverá con las dos terceras partes de los integrantes del pleno; es decir, con seis votos a favor. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
