El eje del juicio político contra el Consejo de la Judicatura se enmarca en si hubo “metida de mano a la justicia” por parte del gobierno de Rafael Correa. Para los detractores del expresidente, el titular de la Judicatura, Gustavo Jalkh, permitió la vulneración de la independencia judicial.
Ese es el principal argumento de Esteban Bernal, asambleísta de CREO e interpelante del juicio político. Su prueba es un informe de Contraloría sobre los concursos que llevó adelante el CJ. Y allí empieza a complejizarse el tema, tanto que ahora el proceso político saltó a la Fiscalía. Jalkh afirma que el informe de Contraloría, cuya orden de inicio se ejecutó en agosto de 2015 y terminó un año después, no establece responsabilidades contra él u otro de sus compañeros.
Asegura que lo único que hay es una observación al banco de elegibles que manejaba el Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Jalkh indica que la Judicatura solo acata lo dispuesto por esta entidad porque cambiar un informe está prohibido por la ley. Pero dentro de las pruebas que se presentaron el lunes 21 de mayo consta una síntesis del informe referido donde se señala a los miembros de la Judicatura. Ese documento ahora es el centro de la polémica.
La Judicatura pidió a la Contraloría que le diera copia certificada de esa síntesis, que es un resumen que se envía al Contralor General del Estado. La entidad respondió con una negativa porque es información confidencial, de uso de trabajo y que la entregaría solo con una orden judicial. Entonces Jalkh pidió que certificara si la síntesis entregada a la Asamblea era la que constaba en sus archivos y la Contraloría dijo que no, que no era la misma.
De allí Jalkh parte para denunciar ante Fiscalía el uso doloso de documentos falsos, aunque aclara que no mencionará al asambleísta Bernal al considerar que fue engañado. Bernal reaccionó este miércoles 23 de mayo. Fue a la Contraloría y pidió copia certificada de todos los documentos referentes al examen hecho a los concursos de selección.
