El pedido de un juicio político contra Temer fue presentado por un abogado y rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pero el denunciante apeló al Supremo y obtuvo el apoyo del magistrado Mello, quien alegó que la acusación es similar a la que llevó a iniciar el proceso contra Rousseff.
El autor de la acción, Mariel Márley Marra, sostuvo en su denuncia que el vicepresidente habría incurrido en el mismo «delito de responsabilidad» que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron unas maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en los últimos dos años.
El presidente de la Cámara baja, que en diciembre pasado aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, se negó sin embargo, en la misma época, a aceptar las acusaciones contra Temer, según dejó sentado el magistrado Mello en su decisión.
El juez explicó que su sentencia «no emite juicios en relación a la conducta del vicepresidente de la República», pero consideró que Cunha, al rechazar una demanda y aceptar otra, «no atendió la debida formalidad legal».
Mello también determinó que se instale una comisión especial en la Cámara de Diputados, bajo el mismo molde de la ya designada para analizar las acusaciones contra Rousseff, pero centrada en el caso del vicepresidente.
Temer, primero en la línea de sucesión y quien asumiría el poder en caso de que Rousseff sea destituida, tiene las relaciones con la mandataria completamente congeladas, sobre todo después de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que él preside, anunció la semana pasada su ruptura con el Gobierno.
No obstante, hoy mismo, antes de conocerse la decisión del juez del Supremo, Temer anunció que ha decidido tomarse una «licencia» de la presidencia del PMDB, que quedará ahora en manos del senador Romero Jucá, quien se ha posicionado abiertamente a favor de la destitución de Rousseff.
Fuentes cercanas a Temer explicaron a Efe que la decisión busca que el partido pueda «defenderse de los ataques» que ha recibido de los sectores oficialistas después de anunciada la ruptura y «evitar» que el vicepresidente «entre directamente en ese debate».
