Para Karol Noroña, periodista especialista en temas carcelarios, la propuesta de reforma del Primer Mandatario cae en el “populismo constitucional”, al considerar que la eliminación de privados de la libertad de los grupos prioritarios aportaría al combate contra el crimen organizado.
Por ello, cuestionó que, desde el Gobierno, no se piensa en la rehabilitación social, sino en una medida que “se aprovecha” del hartazgo de la ciudadanía en torno a la inseguridad.
“¿Realmente esto sirve para acompañar esta supuesta lucha contra el narcoterrorismo o simplemente es una medida que está aprovechándose del miedo y hartazgo de la ciudadanía para hacer crecer su perfil político (de Daniel Noboa)?”, cuestionó.
Noroña indicó que esta iniciativa “precarizaría” aún más las condiciones de violencia a la que se someten los privados de la libertad dentro de las cárceles. Recordó que, gran parte de quienes permanecen recluidos no son líderes criminales, sino que representan una población abandonada al sometimiento de las bandas delincuenciales.
Insistió que, actualmente, la condición de grupos prioritarios no existe para los internos pese a su establecimiento en la Carta Magna. Por ello, consideró que oficializar esta medida significaría una restricción de derechos constitucionales con un tinte político que transgrede a tratados internacionales.
Por otro lado, puntualizó que, en menos de 3 años, 500 personas han sido asesinadas dentro del sistema carcelario del país, y desde 2018, la cifra asciende a más de 680. En dichos datos, según Noroña, se encuentra John Campuzano, quien cumplía una orden de prisión preventiva, y fue víctima de una masacre carcelaria en el 2021.
“Hay que entender el hartazgo y la sed de justicia que tiene la ciudadanía, pero antes de apoyar una decisión así, hay que estar bien informados”, finalizó.
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