De acuerdo con el legislador, se debe tener claridad sobre los delitos penales que aplican para poder acceder a la extinción de dominio.
A su criterio, este proceso podría ser llevado por el campo civil, a diferencia de lo propuesto por el resto de asambleístas que lo abordan desde una perspectiva penal.
Detalló que, se debería especificar el destino de los recursos obtenidos a partir de la incautación de bienes de origen ilícito. Esto frente al criterio de algunos legisladores de utilizar dichos rubros para proyectos de desarrollo social.
Asimismo, destacó la importancia de identificar a familiares o conocidos de integrantes de organizaciones criminales para fijar sus propiedades. Según Velasco, esto permitiría evitar la presencia de testaferros en las estructuras criminales.
Escucha la entrevista completa
