La norma busca un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo, haciendo ajustes a las pensiones de los servidores públicos de estos sectores que son parte de un régimen especial de la seguridad social. El documento define que el seguro de retiro equivale al pago de una pensión vitalicia que recibe el militar o policía luego del cumplimiento de por lo menos 20 años de servicio activo y efectivo en la institución, además de los requisitos establecidos en la Ley.
La base para el cálculo de las pensiones de retiro se determinará tomando en cuenta el promedio de los 60 mejores haberes militares y policiales registrados hasta la fecha en que se produce la baja. La pensión de retiro se determinará de acuerdo a la forma de cálculo establecida para la prestación de jubilación ordinaria de vejez del régimen general de seguridad social, y estará sujeta a los niveles máximos y mínimos establecidos en dicho régimen.
Las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) se incrementarán al inicio de cada año en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior. Igualmente las pensiones de retiro, invalidez y montepío que otorga el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) se aumentarán de la misma forma.
La iniciativa del Ejecutivo contiene 15 artículos, siete de los cuales reforman la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuatro a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y cuatro a la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas.
