Con 87 votos a favor, 1 en contra y 24 abstenciones, el Pleno de la Asamblea lo censuró hoy, 16 de enero del 2019, por incumplimiento de funciones. García ocupó este puesto por casi una década hasta el 31 de enero de 2018.
La legisladora Mae Montaño (exCreo), quien impulsó este proceso, adujo que el exprocurador incurrió en «incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado en la modalidad de negligencia manifiesta en el juicio contra Jorge Glas y otros por el delito de asociación ilícita».
García se presentó en el Pleno para presentar sus pruebas de descargo y adujo que la ley le facultaba a delegar la representación de la Procuraduría en el juicio que se tramitó en la Corte Nacional de Justicia, y que no podía encargarse personalmente de vigilar las tareas de sus subalternos.
El otro cargo tiene que ver con «el incumplimiento de la función de administrar de manera adecuada y eficiente los recursos de la entidad en el marco de su función de patrocinio y representación judicial del Estado».
Montaño también señaló que García incumplió con sus tareas en la función de patrocinio y asesoramiento del Estado en el marco de la función para transigir.
Esto, relacionado con el regreso de la constructora Odebrecht al país. García replicó que la Asamblea ya no tiene competencias para revisar esta actuación porque ocurrió hace nueve años, sin embargo, puntualizó que correspondía al Contralor levantar las glosas que tenía esa empresa.
El exprocurador adujo que se ha vulnerado el debido proceso y su derecho a la defensa y fustigó que al interior del Pleno se haya presentado Raúl Tello, del movimiento Unidos Por Pastaza, como segundo interpelante. Tello presentó contra el exprocurador un cuarto cargo, que se relacionó «con la arrogación de funciones y desviación de poder manifiesta en una violación de la función consultiva».
Aludió a que no le correspondía a la Procuraduría sino a la Corte Constitucional el haber autorizado el año pasado una prórroga de 4 meses del Consejo Nacional Electoral. El tratamiento de este juicio político, el noveno del actual periodo legislativo, tomó dos jornadas en el hemiciclo legislativo, entre el jueves de la semana pasada y este miércoles.
Las actuaciones de García fueron fustigadas por legisladores de todas las tiendas políticas, incluso del grupo correísta, aunque algunos se abstuvieron en la votación. Además, la Asamblea remitirá el expediente a la Fiscalía y la Contraloría. La censura le impide a García ejercer cargos públicos por al menos un año.
Fuente: El Comercio – nota original: LINK