El presidente del poder Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó a sesión del pleno para las 19:00 con el objetivo de reemplazar a los cuatro consejeros que fueron destituidos hace dos semanas por una mayoría parlamentaria en un juicio político.
Ese procedimiento está viciado de nulidad, según Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, que responsabiliza a Saquicela de incumplir la orden de un juez que dejó sin efecto lo actuado por la Asamblea.
La mayoría del Legislativo no reconoce el fallo del juez Ángel Lindao, que el pasado 23 de noviembre aceptó una medida cautelar para dejar sin efecto la destitución y restituyó en sus cargos a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.
Los legisladores tampoco reconocerán a las autoridades que los consejeros nombren, como el superintendente de Bancos, Roberto Romero, a quien no posisionarán en la Asamblea.
La designación de Romero como nuevo superintendente de Bancos, ocurrida el sábado, crispó a los legisladores que reaccionaron inmediatamente.
«La Asamblea Nacional NO reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos», afirmó el Parlamento en su comunicado suscrito entre otros legisladores por el presidente Virgilio Saquicela.
Aclaró que «los actos del poder público contrarios a la Constitución carecen de eficacia jurídica» y por lo tanto «no es factible acatarlos cuando entrañan graves violaciones a la norma suprema».
De su lado, el destituido presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, en un mensaje en su cuenta de Twitter confirmó que Roberto Romero fue designado como superintendente de Bancos, luego que el Consejo analizara las «propuestas de trabajo que presentaron los integrantes (candidatos) de la terna remitida por el Ejecutivo» para tal designación.
El Parlamento, en su comunicado, advirtió de que el órgano legislativo ha cumplido con la Constitución y recordó que el incumplimiento de lo que la Asamblea ha resuelto, como la destitución de los consejeros del Cpccs, «debe ser sancionado» por las autoridades competentes.
En conclusión, los presidentes de los dos cuerpos colegiados se acusan mutuamente de incumplir la Constitución.
Fuente: Ecuavisa – Nota original: LINK
