Ese día la Fiscalía presentará los elementos de convicción que hacen presumir que los 17 ciudadanos participaron en el delito de cohecho y solicitará medidas cautelares en contra de los procesados.
Entre los elementos de convicción que se expondrán constan la asistencia penal internacional solicitada a Panamá y el reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Los fiscales que llevan los procesos por enriquecimiento ilícito y cohecho, viajaron este miércoles 12 de octubre a Panamá. Allí mantienen encuentros con funcionarios de la Fiscalía de ese país para agilizar la ampliación de la asistencia penal internacional en este caso.
La Fiscalía General mantiene una instrucción fiscal por enriquecimiento ilícito contra Alex B. El pasado 16 de mayo formuló cargos en su contra y solicitó su prisión preventiva. Es decir, tres meses antes de que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional emita su informe sobre los ‘Panama Papers’.
Asimismo, el 16 de agosto la Fiscalía formuló cargos por cohecho contra Javier B., propietario de una de las empresas que prestaba servicios a Petroecuador.
Dentro de esa investigación se incorporó los informes de la asistencia penal de Panamá, cuyos resultados permitieron solicitar, el 3 de octubre, la vinculación a Carlos P., Arturo E. y a otros empresarios contratistas de Petroecuador, al proceso por cohecho.
Todas estas acciones son producto de la investigación y del trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado.
De allí que ante las declaraciones realizadas por Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en medios de comunicación, es necesario puntualizar lo siguiente:
Si Mauro Andino conocía que el exgerente de Petroecuador, Carlos P., habría cometido un presunto delito debió denunciarlo. Pero no lo hizo.
Andino estaba obligado legalmente a denunciar, como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 422.1.
Tampoco envió a la Fiscalía General del Estado el informe de la Comisión de Justicia sobre los ‘Panama Papers’. Ni recomendó que la Fiscalía abra una investigación.
En el informe elaborado por Andino, solo instó a la Contraloría General del Estado a que realice exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas de cuando Carlos P. fue gerente general de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador y de cuando fue Ministro de Hidrocarburos.
El presidente de la Comisión de Justicia conocía que la Contraloría aún no determinaba indicios de responsabilidad penal en contra de Carlos P. Es por ello que la Fiscalía General no podía iniciar un proceso penal en su contra, según lo determina el COIP.
