Según precisaron los legisladores la reforma está basada en el Decreto Presidencial, que fusionó la Casa Militar Presidencial y el Escuadrón del Transporte Aéreo Presidencial.
Tras explicar que este servicio está subordinado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un tratamiento especial, con personal de servicio, régimen especial y patrimonio, argumentó que la disposición que crea “una guardia armada” bajo la subordinación de una Secretaría de Estado, viola flagrantemente los artículos 158 y 163 de la Constitución de la República.
Estos artículos definen con claridad que en Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La seguridad ciudadana está bajo su protección, aseveró.
A su criterio, no es suficiente el pronunciamiento presidencial en el sentido que no utilizará o no implementará la guardia civil armada, por lo que presentarán, además, una demanda de inconstitucionalidad.
El Libro III del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, vigente desde el pasado 21 de junio, contempla la creación de un Servicio de Protección Pública, conformado por personal civil especializado, entrenado, técnico, jerarquizado y calificado para garantizar la seguridad de las autoridades que ocupan cargos de alta responsabilidad y de las instalaciones de las distintas funciones del Estado. Se establece su dependencia al Ministerio del Interior, tal como ocurre con la Policía Nacional.
En otro orden, la legisladora informó que pedirá al presidente de la República, Lenín Moreno, que remueva del cargo al presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinoza, quien “no solo desconoció la deuda, sino que redujo el fondo de pensiones jubilares y el fondo de cesantía”.
