La decisión está en manos del pleno de 513 diputados, en el que se necesita una mayoría calificada de 342 votos para que el proceso sea remitido a la Cámara alta, que definirá si Rousseff finalmente responderá a un juicio político que le puede costar el cargo.
La votación, que pudiera durar unas cinco horas, será nominal y cada uno de los 513 diputados será llamado a manifestarse frente a un micrófono, de acuerdo a orden geográfico determinado por la latitud de los 27 estados del país.
Antes de que se iniciara la votación, intervinieron los jefes de los grupos de los 27 partidos representados en la Cámara baja y, en su mayoría, aunque fijaron posición, liberaron a sus parlamentarios para votar de acuerdo con sus propias convicciones.
De esos 27 partidos, solamente siete se manifestaron a favor de la mandataria y anunciaron su voto contra un eventual juicio.
El resto, liderado por los que ostentan tres las cuatro primeras minorías, expresaron su apoyo al proceso, lo que parece ponerle las cosas muy difíciles a Rousseff, quien dependerá de las disidencias internas en esas formaciones para que el trámite sea archivado.
El primer diputado que votó fue Woston Reis, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que manifestó su apoyo al «impeachment».
Esta sesión fue precedida por debates que comenzaron el viernes y se prolongaron en forma ininterrumpida durante casi 43 horas, en las que intervinieron 389 diputados.
Rousseff es acusada de incurrir en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Antes de llegar al pleno de la Cámara baja, la acusación fue analizada por una comisión especial, que aprobó un informe elaborado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien recomendó que se apoyara la apertura del juicio político en el Senado.
El instructor reafirmó hoy que «todos los indicios son más que suficientes» para aceptar la acusación, que presenta «hechos graves que atentan contra la Constitución, las finanzas publicas, la responsabilidad fiscal, la transparencia y contra el país».
El Gobierno y la propia Rousseff han calificado el proceso como un «golpe de Estado» y han asegurado que esos actos, si bien pudieran sugerir alguna «falta» administrativa, no suponen un «delito de responsabilidad», que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.
