Así lo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de mantener en análisis, durante los últimos 16 años, una petición hecha por Hernández. Aunque la resolución no ha sido divulgada por Hernández.
El 13 de marzo del 2003 la CIDH recibió una petición, en la que Hernández alegó la responsabilidad del Estado ecuatoriano de violar el debido proceso, en el marco del proceso de calificación de requisitos para su ascenso al grado militar de general de Brigada.
Según se cita en el proceso de admisibilidad de la causa, «le habría sido negado (el ascenso) por supuesta falta de idoneidad. Se alega que a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley para tales efectos, la presunta víctima habría sido impedida de continuar con su carrera militar sin que las autoridades militares explicaran las causas por las cuales habría sido considerado como no idóneo para el ascenso«.
En el pedido se recoge que se habría tratado de una «represalia por impulsar el ingreso a oficiales de armas mujeres a la Fuerza Terrestre. Asimismo, que la presunta víctima no habría contado con recursos adecuados y efectivos para conocer las razones que negaron su ascenso ni solicitar la revisión de dicha decisión«.
En ese año, Hernández acreditó la representación en este proceso del actual procurador del Estado, Íñigo Salvador, institución que ahora deberá aplicar las medidas reparatorias para el militar.
En agosto del 2014, la causa fue admitida a trámite en la CIDH y después de cinco años tiene respuesta.
En junio del 2001, el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas había resuelto calificarlo como no idóneo para ascender, pese a haber sido uno de los héroes de la guerra del Cenepa en 1995.
Hasta el momento, Hernández no se ha pronunciado sobre esta decisión.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
