La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió hoy un comunicado sin precedentes en el que asegura que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, será inevitable «el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato».
A fin de evitar esta «situación catastrófica», la Comisión llama a los Estados miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros «urgentes y de libre disposición» para aliviar esta «crisis financiera extrema», al tiempo que pide a la OEA que aumente su dotación anual, de solo el 6 % de su presupuesto (4,8 millones de dólares).
«La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA (13-15 de junio) adopte una decisión histórica y trascendental y aumente de forma radical el presupuesto del fondo regular y asigne a la CIDH y al sistema interamericano de derechos humanos en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados», pide el organismo en su nota.
La CIDH obtiene otros 5 millones de donaciones de países que no son de la OEA, pero estima que el mínimo con el que debería trabajar sería 24 millones aunque, según los comisionados, necesitaría una cantidad mucho mayor para cumplir el ideal al que aspira la CIDH.
Los recursos de la Comisión han disminuido en los últimos años tanto por la crisis financiera que arrastra la OEA, con impagos de sus propios miembros, como por una reducción de las donaciones de países europeos, centrados ahora en asuntos más próximos como el conflicto sirio y la crisis de refugiados.
Si la CIDH no consigue fondos adicionales en las próximas dos semanas, el 31 de julio no podrá renovar los contratos del 40 % (30 personas) de su plantilla.
De los 78 trabajadores de la Comisión, solo 31 están pagados con el fondo regular de la OEA, es decir, «menos funcionarios que países bajo su jurisdicción (34)».
Los otros 47 funcionarios están financiados con donaciones, lo que presenta «problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, como demuestra la crisis actual», denuncia la CIDH.
Actualmente, la Comisión tiene 6.188 peticiones y casos en trámite, pero solo 26 personas trabajan en la dirección de peticiones y casos, de las que en agosto solo quedarían 13.
De esta manera, se acentuaría el retraso procesal «hasta un punto incompatible con el derecho de acceso a la Justicia» al no haber abogados y administrativos suficientes para notificar a las partes, procesar los expedientes «gigantes», y llevar a cabo toda la tramitación.
Además, si no obtiene fondos antes del 15 de junio, la CIDH no podrá efectuar las visitas a países de este año y cancelará los periodos de sesiones de julio y octubre, con el consiguiente bloqueo en el procesamiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos.
La CIDH, que tiene como misión defender los derechos humanos en el continente americano, lleva años pidiendo a la OEA que le asegure un presupuesto estable para poder cumplir eficazmente con su mandato.
En varias Asambleas Generales, el máximo órgano de la OEA y donde se reúnen los cancilleres, se han aprobado resoluciones para atender la situación de la CIDH pero después no se han visto traducidas en un aumento de recursos.
El Consejo de Europa, que atiende a 739 millones de personas, destina una media del 41,5 % de su presupuesto (100 millones de euros) a la defensa de los derechos humanos, mientras que la OEA, que atiende a 1.000 millones de personas, destina el 6 % del suyo (5 millones de euros).
Un dato paradójico que señala la CIDH es que los aportes voluntarios de los países latinoamericanos y caribeños a la Corte Penal Internacional, que solo examina en estos momentos un caso americano, fue de 13.705.508 dólares, mientras que sus dotaciones voluntarias a la CIDH, con 6.188 casos americanos, solo fue de 199.000 dólares.
«No es admisible que los Estados no financien y que estrangulen financieramente a esta entidad que tanto trabajo hace, además de los temas pendientes de incumplimiento de sus mandatos», denunció el pasado abril en el último periodo de sesiones el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, que dejará el cargo en agosto.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se considera, junto con las misiones de observación electoral, uno de los elementos más reconocidos de la OEA, un organismo debilitado y cuestionado por algunos de sus miembros.
