Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, solicitó al gobierno reflexionar sobre la solicitud de pedir documentos a migrantes para el ingreso al país. A su criterio, dichos documentos son «imposibles de conseguir».
También hizo un llamado a las familias a combatir el racismo y la xenofobia, en todos los ambientes en los que nos desarrollamos. Arellano rechazó panfletos de grupos como los autodenominado ‘Defensores de la frontera’, quienes hablan de medidas extremas para quienes acojan a emigrantes.
«No necesitamos guardianes, tenemos la ley y la Constitución. Refutamos esos grupos con todo el rigor«, apuntó. El representante de la Conferencia aseveró que para la Iglesia es tan serio este problema (violencia a la mujer) que reconocen la nulidad del matrimonio eclesiástico en una pareja en donde el varón maltrata y golpea a la mujer, »Por que se supone que no tiene esas actitudes psíquicas para tratarla y amarla y respetarla en paridad».
Gina Benavides, defensora del Pueblo, denunció amenazas que han recibido defensores en todo el país por ayudar a migrantes venezolanos. Pidió seguridad para los defensores por parte del Ministerio del Interior. “Nos preocupa el alarmante crecimiento que registra la violencia contra las mujeres en el país, y sobre todo la extrema crueldad con la que se viene manifestando”, subrayó.
A su criterio, la violencia contra la mujer se debe a la «omisión del Estado». La Defensora del Pueblo dijo que la solicitud del pasado judicial podría agravar la crisis migratoria, pues se fomentaría el tráfico ilícito y explotación irregular. Señaló que desde agosto del año pasado, los gobiernos ya cuenta con un Plan Integral para tratar el ingreso de migrantes, entre ellos, venezolanos al Ecuador.
Benavides pidió a la Cancillería activar los instrumentos diplomáticos entre Venezuela y Ecuador para proteger a los ecuatorianos en ese país y a los venezolanos en Ecuador.
Además, señaló que se reunió con el ministro de Educación para solicitar el regreso de niños venezolanos a las aulas. Señaló que este problema no sólo es en Ibarra sino en el resto de país, en donde hay menores que fueron agredidos y no quieren volver a las aulas.
Elsie Monge, defensora de derechos humanos, pidió que se proteja la integridad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Derechos Humanos. También solicitó que se investigue y judicialice los mensajes de odio e incitación en el país.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
