El pedido que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se desconozcan los resultados de la pregunta 3 de la consulta popular movilizó al Estado. En la mañana el presidente Lenín Moreno se reunió en Carondelet con sus principales colaboradores.
Luego publicó un mensaje en Twitter: “He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional”.
Por la tarde el Primer Mandatario se reunió con las cabezas de las distintas funciones del Estado, entre ellas la vicepresidenta María Alejandra Vicuña; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la canciller María Fernanda Espinosa y otras autoridades como el secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros; el secretario de la Política, Miguel Carvajal, y Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.
Pero, ¿qué pide la CIDH? Los comisionados consideran que la pregunta 3 sobre el cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la conformación de un organismo transitorio lesionan los derechos de los vocales Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera García. Por ello los comisionados piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene de manera urgente al Estado ecuatoriano cesar la aplicación de esa interrogante.
