Hasta el 15 de agosto, los servidores públicos deberán actualizar su declaración patrimonial jurada, para determinar posibles incrementos injustificados por parte de la Contraloría. En NotiMundo Estelar, Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, señaló que, en lo que va del año, se han determinado nueve casos con indicio de responsabilidad penal.

Créditos: El Universo
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A partir de este 1 de agosto, la Contraloría General del Estado iniciarán las verificaciones preliminares de información sobre los exámenes especiales a los contratos colectivos de CNEL, CNT, PetroEcuador y CELEC.

De acuerdo con Sulca, la institución no ha ejecutado una acción de control a la legalidad de estas suscripciones, sino a las remuneraciones y talento humano, relacionado a la vinculación de trabajadores bajo el Código Laboral, en lugar de la Ley de Servidores Públicos.

En caso de hallarse indicios, la Contraloría podría determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales, que posteriormente, derivará en una noticia criminis a tratarse por la Fiscalía.

Actualización de información patrimonial de servidores públicos

Desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, los servidores públicos deberán actualizar su declaración patrimonial jurada.

Según Sulca, este mecanismo permitirá hacer análisis a posibles incrementos patrimoniales injustificados de funcionarios públicos.

Explicó que en el primer semestre del 2024, se han ejecutado 161 exámenes especiales, de los cuales 28 fueron aprobados, y 9 se vincularon a indicios de responsabilidad penal.

De estos análisis, se han desprendido nueve casos de incrementos patrimoniales injustificados. Entre ellos, se encuentran funcionarios de la Comandancia del Ejército, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el GAD de Riobamba.

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