En la carta dirigida a Galo Martínez Leiskert, director del rotativo, Pólit cuestiona el artículo de autoría de Francisco Huerta donde “presta su vocería editorial” al activista político Fernando Villavicencio para que en este espacio repita sus “manidos comentarios” acerca del examen de Contraloría a los contratos suscritos entre Petroecuador y la compañía Petrochina International Company Ltd.
En la aclaración técnica y legal se afirma que la Contraloría General del Estado no estableció la existencia de un perjuicio a los recursos públicos en la negociación de la venta de crudo con Petrochina por cuanto la venta se efectuó a los precios de mercado vigentes a la fecha de facturación.
Asimismo, se precisa que para el Estado ecuatoriano, tal como se desprende del contrato y sus habilitantes, el consignatario es Petrochina y mal podría la Contraloría indagar otras transacciones comerciales internas o interempresariales del consignatario, fuera de la jurisdicción del país, tanto más cuando la negociación por la venta de crudo se efectuó en condiciones FOB Balao-Esmeraldas, lo que implica que la responsabilidad y riesgos del transporte se trasladan al comprador, terminando por lo tanto, las obligaciones de Petroecuador como vendedor.
En cuanto a las denuncias y pedidos de investigación de Villavicencio, en la carta se indica que esta actuación si bien satura la audiencia de algunos medios de comunicación, no puede regir las acciones del organismo de control que responden a una planificación técnica no sujeta a especulaciones de ocasión.
