El Ministerio de Energía y Minas informó que ha impuesto, hasta el momento, una penalización de USD 900 mil por infracciones a la empresa Progen, encargada de proveer de generadores eléctricos en Salitral y Quevedo.
La Cartera de Estado sustentó esta medida en la notificación previa a la firma, acerca de diversos incumplimientos en los plazos de entrega e instalación de las unidades. Además, informó que los funcionarios, incluidos el gerente de Celec Termopichincha y los administradores del contrato -que habrían incurrido en prácticas que entorpecieron el proceso-, fueron retirados de sus cargos y serán sujetos a las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con María Sara Jijón, exdirectora del Sercop, los contratos efectuados en el marco de una emergencia en el sector eléctrico deben cumplirse en un plazo de 60 días con la opción de aplazarse por 30 más, en caso de existir complicaciones en el suministro de los bienes.
«Significa mayor velocidad, eficiencia, pero no significa que no vamos a escoger bien», dijo.
Jijón precisó que una mayor celeridad en los procesos de contratación no exime a Progen de cumplir con estudios, parámetros técnicos, exigencias y de presupuestos. Por ello, señaló que, desde el Gobierno, debieron existir alertas sobre el incumplimiento por parte de la firma en cuanto a los plazos acordados.
Caso contrario, explicó, existen dos caminos que pueden tomar las autoridades. El primero, y que ya se ha ejecutado, acerca de las sanciones a la empresa proveedora, mientras que el segundo, se centra en la terminación unilateral del contrato por parte del Ministerio de Energía y Minas y CELEC. Posteriormente, se declara contratista incumplido, y se elimina al «mal proveedor» del sistema del Sercop.
Esto, en el caso en el que incumplimiento sea insubsanable que, según Jijón, significa que los motores de generación no lleguen nunca o que no entren en funcionamiento pese a su arribo.
Por otro lado, recordó que desde la firma del contrato entre el Gobierno es la Contraloría el ente encargado de controlar, supervisar, examinar y verificar las causales. Además, precisó que el organismo puede determinar responsabilidades civiles, administrativas o de tipo penal que podrían ser derivadas a la Fiscalía para una investigación.
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