Los supuestos malos manejos económicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) no serían nuevos. Hace más de una década la entidad ya habría registrado inconsistencias y de ello dan fe auditorías y testimonios de exmilitares. Así lo señala, por ejemplo el informe N° DA3-01-2005 de la Contraloría General del Estado de 2003, que detectó contradicciones en las cuentas por cobrar; falta de información sobre las inversiones en bienes y raíces y proyectos de vivienda y activos fijos; estados de flujo de efectivo y de ejecución de programa de caja incompletos; cuentas de inventario y patrimonio que difieren de las escrituras, terrenos cuyo avalúo no se registró adecuadamente en los estados financieros e irregularidades en el pago de deudas de compañías externas.
La auditoría financiera realizada al Issfa, a la cual tuvo acceso diario EL TELÉGRAFO, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. Tanto el sistema de contabilidad, como el de presupuesto –según el examen especial del organismo de control- no proporcionaron información financiera “completa y oportuna”. Además no habrían existido informes de evaluación que permitan conocer los resultados de la gestión financiera y presupuestaria. Incluso, la entidad cofinanciada por el Estado no ejecutó en su totalidad el Plan Anual de Control de auditorías internas, debido a que se suspendieron por falta de personal.
En ese sentido, el informe de Contraloría destaca: “En 2002, a más de las funciones que le correspondían según el Reglamento Orgánico Funcional del Issfa, dos auditores realizaban labores de comisarios en empresas que el Issfa mantiene acciones y participaciones. Los auditores participaron en las reuniones del Comité de Inversiones”. En este punto, los militares retirados pertenecientes a la tropa critican que el Issfa, aunque reciba fondos públicos, no tome en cuenta las resoluciones de exámenes especiales de la Contraloría.
“Cuando se fundó el Issfa se estableció que estaba exento de auditorías externas, pero, ¿cómo va a ser así si tiene dinero del Estado y de nosotros? ¡Eso es absurdo! Aquello ha servido para que los oficiales del directorio manejen el Issfa como hacienda propia”, reclamó el vicepresidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y presidente de la Asociación de Combatientes del Cenepa, Pablo Terán. Según datos del Issfa, solo en 5 años (2010-2015) se habrían registrado faltantes por más de $ 70 millones. Incluso en 2002, por ejemplo, la Contraloría General del Estado determinó que las inversiones que se hicieron en ciertas áreas fueron superiores a las presupuestadas.
En la administración de Seguridad Social se programaron $70’255.630, no obstante se gastó $81’541.509, registrando una diferencia de $11’285,879. De igual forma, en 2003 se gastó $ 10’358.915 más de lo previsto y en cuanto a los préstamos hipotecarios del Fondo Inmobiliario de Fuerzas Armadas (Fonifa) de lo planificado ($10’966.730) se gastaron $15’808,366.
El informe concluyó que la proforma presupuestaria no fue realizada en base a un análisis técnico y recomendó al director de la entidad de ese entonces “supervisar la ejecución presupuestaria en todas sus bases (…). En caso de detectar desviaciones tomará las acciones correctivas necesarias”. Otra de las conclusiones de la auditoría financiera es que los fondos rotativos y de caja chica no fueron controlados adecuadamente, porque no existía una reglamentación que limite los montos de los fondos que podían ir desde $ 1 a $ 388 por conceptos varios.
Incluso, las agencias del Issfa no retuvieron el impuesto a la renta y la regional de Guayaquil compartía el pago de luz y agua con la dirección de movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Algo que también llama la atención en ese informe de auditoría es que en 2003 se destinaron $ 11.400 en 21 fondos rotativos distribuidos en diferentes provincias para atender gastos funerarios que no fueron utilizados, tomando en cuenta que en ese mismo año se gastaron $ 47.567 en funerarias; es decir $ 42.057 más de lo presupuestado ($ 5.510).
