Al menos cinco pasos deberá seguir el Gobierno de Guillermo Lasso para la creación de la nueva reserva marina de Galápagos de 60.000 kilómetros cuadrados: 30.000 sobre la Cordillera de Los Cocos, donde no se podrá desarrollar ninguna actividad pesquera y 30.000 en la franja noroeste de la ya existente reserva marina, que será una zona de no palangre.
El titular del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), Gustavo Manrique, aclara que no se trata de una ampliación de la reserva existente, sino la creación de una nueva reserva e indica que el primer paso será la firma de un decreto ejecutivo por parte del mandatario en el que se declare la nueva reserva marina, entre diciembre de este año y enero del próximo. Otro de los pasos será la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental por parte del ministerio para esa zona, dijo el ministro.
El ambientalista Roque Sevilla, presidente del Grupo Futuro, explica que luego de la firma del decreto ejecutivo se deberá determinar, geográficamente, con sistemas satelitales, los puntos exactos de dónde se ubica la reserva, para que los pescadores tengan el aviso y sepan que están en aguas que permite o que prohíbe la pesca.
Luego, se deberá activar el canje de deuda por naturaleza de $ 1.1000 millones, que se producirá al terminar el canje de bonos comunes ecuatorianos por bonos azules ($ 14 millones anuales para el proyecto). Dinero que serviría, según el presidente Lasso, para obras de infraestructura básica al menos en las tres principales islas del archipiélago de Galápagos y patrullaje del área protegida.
Después, se deberá adquirir botes livianos y veloces que se utilizan, por ejemplo, en el mar Mediterráneo para el control de drogas; drones; y sistemas de vigilancia satelitales, para los controles de la Marina. Una vez realizado todo esto, entonces sí, se procederá con el manejo científico, control y vigilancia de la nueva reserva.
Sevilla coincide en que el proceso podría culminar el próximo año, porque las conversaciones para el canje ya se han adelantado y está decidido, aún faltan una serie de pasos legales y de procedimiento y la discusión de los temas más operativos para el canje de bonos comunes por bonos azules que son los que financiarán el proyecto.
El Banco Holandés de Desarrollo, la US Financial Development Corporation, la Fundación Barteli de Italia y la Fundación PEW de Estados Unidos están involucrados en el proyecto, agregó el ambientalista.
Norman Wray, expresidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, recuerda que la ampliación o creación de una nueva reserva marina en Galápagos es un proceso en el que se viene trabajando años atrás, consta dentro del Plan 2030 para el archipiélago, que el expresidente Lenín Moreno ya mencionó la posibilidad de ampliación en la COP25 de Madrid – España y felicitó a las nuevas autoridades por la decisión de hacerlo.
Wray agrega que es un gran paso para la protección de los mares y reconoce la lucha de la comunidad galapagueña para lograr esta nueva zona de conservación, planteamiento que fue realizado en el 2017, tras la presión de flotas pesqueras internacionales.
El exfuncionario también aplaudió la posibilidad de la creación del Corredor Marino del Pacífico Oriental, con la protección de la “migrovía” para el tránsito de tortugas, tiburones y otras especies protegidas, acogida por Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica.
“Los mecanismos financieros harán sostenible el proyecto en el tiempo y será la estructura que permitirá generar recursos para que las actividades de pesca, en las zonas donde está permitido, se hagan de manera responsable, sin uso de palangre (…) la declaratoria permite tener mayor presencia del Estado para la protección del ecosistema, pero también la defensa de la soberanía”, agregó.
Sevilla señaló que también se deben generar dos actividades paralelas a la creación de la reserva: el apoyo a la pesca artesanal para poder desarrollar alternativas de calidad de vida y que no depreden el mar, y una de las opciones importantes es el desarrollo de la “maricultura” (cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales ubicadas en mar abierto), técnica que se ha desarrollado, por ejemplo, en Japón con la producción de algas.
Marcelo Larrea, coordinador de la Iniciativa Galápagos Vive, señala que este tema se debate cuando menos desde el 2003, pero Ecuador, en la actualidad, se está enfrentando a un “ecocidio” como consecuencia de la adhesión a la Convemar, establecida en el 2012, que habilitó la presencia de flotas pesqueras extranjeras en las inmediaciones de nuestro mar.
“Ecuador tiene que denunciar la Convemar para reestablecer su pleno ejercicio de la soberanía territorial marina, proteger a las especies marinas y garantizar una actividad pesquera sustentable (…) en este sentido, la iniciativa del presidente Lasso, presentada en la Cumbre del Cambio Climático, tiene un efecto mínimo y realmente insignificante para el gran reto que tiene el país que es precisamente proteger su mar”, dijo Larrea. (I)
