Entre el centenar de políticos citados en los testimonios que han prestado ex directivos del grupo Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial en torno al caso Petrobras, están los cinco ex presidentes vivos que tiene el país, que gobernaron desde la recuperación de la democracia, hace ya 32 años.
Se trata de José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Sobre todos ellos pesan serios indicios que, según el magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema, son suficientes para sospechar que incurrieron en actos de corrupción y, para más males, de tipo electoral, que deberán ser evaluados en las instancias inferiores, pues carecen de la condición de aforados, salvo Collor que es senador.
El actual presidente, Michel Temer, también fue citado en los testimonios prestados por los exdirectivos de Odebrecht, pero no será investigado por ahora, pues la ley impide que un mandatario sea juzgado por hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, que en su caso comenzó en agosto pasado, tras la caída de Rousseff.
El cargo de Temer, sin embargo, está en juego en un proceso que tramita en la justicia electoral por supuestas irregularidades en la campaña que, en 2014, llevó a la reelección de la fórmula que integraba como vicepresidente con Rousseff, quien fue destituida por violaciones de las leyes de presupuestos.
Más allá de comprometer a los responsables de dirigir el país durante las últimas tres décadas y media, esos testimonios implican a los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunício Oliveira.
La larga lista de políticos bajo sospecha incluye también a ocho ministros del actual Gobierno, a decenas de legisladores, que representan el 30 % del Senado y el 10 % de la Cámara de Diputados, y a doce de los 27 gobernadores del país.
Para muchos analistas, las delaciones de Odebrecht son una daga en el corazón de la propia democracia que el país construyó en los últimos 35 años, en los que la poderosa empresa constructora ya ha admitido que la corrupción fue constante, sobre todo en lo relativo a la financiación de campañas electorales.
«Siempre fue un modelo reinante en el país. Eso siempre existió y viene ya desde la época de mi padre», declaró a la justicia Emilio Odebrecht, hijo de Norberto Odebrecht, quien fundó en 1944 el grupo que se hizo fuerte con la contratación de obra pública.
Emilio Odebrecht confirmó en su testimonio la complicidad que existía con los políticos en el poder, que facilitaban la concesión de obras a cambio de financiación para campañas, que no siempre era legal.
Así como ponen en tela de juicio la forma en que fueron elegidos para cargos públicos cientos de políticos en los últimos años, las delaciones de Odebrecht también pudieran comprometer el futuro, pues salpican a varios de los posibles candidatos a la Presidencia para las elecciones que se deben realizar en octubre del año próximo.
Uno es Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más carismático que ha dado la democracia brasileña, quien ya responde ante la justicia en cinco juicios por supuesta corrupción y ahora puede ser investigado en otros seis procesos, según solicitó este martes el Supremo.
Pese a su delicada situación judicial, Lula lidera las encuestas de opinión con una intención de voto cercana al 40 %, aunque aún se desconoce el impacto que pudieran tener en su imagen unas nuevas investigaciones o eventuales condenas.
Además de Lula, entre los dirigentes que pueden ser investigados está Geraldo Alckmin, gobernador de Sao Paulo y posible candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en 2018.
De esa influyente formación, que fundó el exmandatario Fernando Henrique Cardoso, también figura en la lista de Odebrecht su actual presidente, Aécio Neves, derrotado en las presidenciales de 2014 por Rousseff y también posible candidato para el año próximo.
Según las leyes electorales brasileñas, solamente una condena en segunda instancia le impide a un político postular para un cargo de elección popular.
De ese modo, las eventuales candidaturas pasarán a depender de los tiempos de una justicia burocrática y lenta, que en promedio se lleva hasta cinco años para juzgar a un político.
Las acusaciones sobre financiación ilegal se expanden también al sector privado y salpican a la influyente Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), cuyo presidente, Paulo Skaf, ha sido citado entre los beneficiados por la corrupción.
