Luego de 21 años, Erick Salinas Monge; Mario Cevallos Loachamín; Aurelio Chila Placencia; y Orlando Villacrés Ascencio, fueron sentenciados por la desaparición forzada de Césa Mata, Jhonny Gómez y Erwin Vivar.
Para Juan Pablo Albán, la sanción de pena privativa de la libertad de 26 años aplicada contra los implicados es la apropiada, y corresponde a un mensaje disuasivo para perpetradores de este delito.
21 años a la espera de una sentencia
El caso se remonta a noviembre del 2003, cuando los ahora condenados, intervinieron en una farmacia ubicada en Guayaquil, donde presuntamente se llevaba a cabo un asalto. Por este hecho, ocho personas fallecieron y cuatro resultaron desaparecidas.
Según Albán, esta causa demuestra cómo el Estado procuró “ocultar” la realidad de lo sucedido durante la intervención policial.
“No fue un evento desafortunado. Fue fríamente calculado y planificado (…) Existió una clara violación de derechos humanos por parte del Estado”, dijo.
Explicó que una de las pautas para marcar el contexto de este hecho, es la conformación del Grupo de Inteligencia Antidelincuencial, encabezado por el exMayor de la Policía, Eduardo González Flores.
Durante dicha época, los operativos liderados por esta facción tenían como objetivo el combate a la criminalidad, sin embargo, su accionar trajo consigo víctimas inocentes.
Testigo protegido clave en el caso
En 2016, uno de los desaparecidos fue hallado en Venezuela, y posteriormente, se mostró dispuesto a ser testigo protegido dentro del caso. En su intervención, se relató el mecanismo de la detención de las víctimas, su traslado a la Policía Judicial del Guayas, las torturas sometidas y la ejecución del resto de personas.
Albán cuestionó al sistema judicial, debido a que la sustanciación de la causa estaba lista desde el 2017, sin embargo, los familiares y
demás perjudicados esperaron 7 años hasta conocer la sentencia.
Los ahora sentenciados deberán pagar una multa de 800 salarios básicos unificados, y serán responsables de los costos judiciales generados, además de las medidas de reparación para los familiares de las víctimas.
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