El monto incluye los gastos de limpieza, revisión de los ascensores y escaleras eléctricas, así como el pago de los servicios de agua potable, energía eléctrica, Internet, telefonía fija y celular. Al mes, las facturas suman unos USD 23 660. La edificación de cuatro pisos permanece semivacía. Los únicos ocupantes son 31 personas, en su mayoría, dedicadas a tareas administrativas: el director de cooperación, la jefa de talento humano, la jefa de la oficina de asesoría jurídica, una secretaria, un conductor… Y pese a que han transcurrido casi dos meses desde que el presidente, Lenín Moreno, anunció que pedirá a la Unasur la devolución del inmueble para instalar allí una universidad intercultural, ninguno de los inquilinos ha recibido hasta ahora un oficio o comunicación sobre esa decisión.
El canciller, José Valencia, ratificó hace una semana que ya se adelantan conversaciones con miembros del organismo para trasladar la sede a otras instalaciones, a una edificación más pequeña, aunque no proporcionó más detalles. Para el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien ocupó la Secretaría General de Unasur entre 2014 y 2017, revertir la propiedad del inmueble es algo que “no es posible jurídicamente”. “La única posibilidad de que (el edificio) regresara a manos del Gobierno de Ecuador es que se disolviera la Unasur, que espero no suceda”, indicó a EL COMERCIO.
