La pugna entre el Gobierno y la Asamblea Nacional entró en un nuevo capítulo con la ley ‘antipillos’, mientras juristas tienen opiniones divididas sobre la legalidad de publicar la normativa en el Registro Oficial. En NotiMundo Estelar, José Chalco, abogado constitucionalista, precisó que la polarización entre ambos poderes del Estado se dio de manera innecesaria y siembra dudas en cuanto al desconocimiento jurídico por parte de las autoridades.

Créditos: Municipio de Quito
Créditos: Municipio de Quito

Desde su punto de vista jurídico, en el artículo 140 de la Constitución se establece que las leyes calificadas como urgentes en materia económica deben ser tramitadas de manera ordinaria, con la salvedad de una reducción a 30 días en su plazo.

De acuerdo con el abogado constitucionalista, José Chalco, el artículo 137 señala que, en esa gestión ordinaria, se plantea también la realización de dos debates. Esto, en respuesta a las actuaciones de la Asamblea, al archivar la ley ‘antipillos’ luego de cumplirse únicamente el primer debate.

A su criterio, la promulgación del proyecto en el Registro Oficial mediante decreto-ley no responde a un error del Ejecutivo. Al contrario, consideró que una sentencia anterior de la Corte Constitucional, establece que, a lo largo del procedimiento para abordar una ley, se deben presentar observaciones de los legisladores como consecuencia de los dos debates a los que debe someterse.

“No vaya a ser que el conflicto sea parte de un libreto”, sostuvo.

Chalco precisó que es justamente el periodo entre debates, el plazo en el que se configuran acuerdos y mayorías para llevar adelante un proyecto, por lo que no era procedente archivar la normativa para combatir el lavado de activos antes de culminar con el debido proceso.

“No hay que entrar en esta bipolaridad y polarización innecesaria (…) desde lo jurídico, esta es una actuación dudosa, porque en derecho constitucional no hay por dónde perderse”, dijo.

El abogado constitucionalista precisó que fue la Asamblea la que, con advertencias previas del Gobierno, resolvió archivar y negar la ley. A estas acciones, las calificó como “absurdos del desconocimiento jurídico del país”. Por ello, enfatizó que la Corte Constitucional deberá hacer respetar los artículos 137 y 140 de la Carta Magna, y permitir la promulgación de la normativa del Ejecutivo en el Registro Oficial.

Mira la entrevista completa

Escucha la entrevista completa