Según el excontador de la FEF, Pedro V. y el extesorero Hugo M., los dos millones que no se entregaron a la Selección fueron “reclasificados” en las cuentas de la Ecuafútbol como “donación”, figura que no utiliza la Conmebol para entregar dinero a las Federaciones nacionales.
Esta movida financiera se realizó por disposición de Luis Ch., expresidente de la Ecuafútbol. Los tres están imputados por la Fiscalía ecuatoriana como coautores de lavado de activos.
Para llegar a este resultado se realizó un peritaje a las cuentas de la FEF, bajo la dirección de la fiscal del caso, Diana Salazar. Se realizó un trabajo de campo durante 15 días en las oficinas administrativas de la Federación, revisando de forma detallada los documentos que sustentan esta conclusión.
Además, durante el sexto día de audiencia de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, se leyó el testimonio anticipado del actual presidente de la Ecuafútbol, Carlos Villacís, presentado por la Fiscalía.
En resumen, en el testimonio se aseveró que todo el dinero que envía la Conmebol a la FEF -por la participación de los equipos nacionales en torneos internacionales- debe ser transferido a los clubes y desde estos, a su vez, a los jugadores.
“Pero del premio de 3.5 millones de dólares que le tocaba a la Selección solo entregaron 1.5 millones para no repartir entre los jugadores”, dijo la fiscal Salazar al presentar ante el Tribunal, tanto la pericia contable a las cuentas de la Ecuafútbol como el testimonio anticipado de Villacís.
La Fiscalía sustenta su acusación, entre otros elementos, con tres asistencias penales internacionales realizadas con Estados Unidos, Paraguay y Argentina, documentos que refuerzan la teoría del caso de que en la Federación se habría cometido lavado de activos.
El juicio del caso Ecuafútbol se inició el 10 de octubre del 2016, tres personas son procesadas por lavado de activos que, según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), tiene una pena de 10 a 13 años de privación de la libertad, siempre que el monto del lavado supere los 200 salarios básicos unificados.
