«Estamos ya en el día D+2 y los guerrilleros, además de haber avanzado hacia los puntos de preagrupamiento, han empezado a destruir materiales explosivos, de buena fe, y esperamos las primeras excarcelaciones de rebeldes», dijo Márquez durante una rueda de prensa en la que se lanzó la comisión de seguimiento y verificación de lo pactado.
El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) sellaron la semana pasada un acuerdo de paz, que fue renegociado para incluirle propuestas de la oposición tras el rechazo del pacto original en un plebiscito.
El miércoles ese acuerdo fue aprobado por el Congreso, con lo que el jueves fue el «Día D» en que comenzaron a correr los tiempos de implementación del pacto, entre ellos los 30 días que tendrán todos los miembros de la guerrilla para estar concentrados en 27 puntos, donde progresivamente dejarán sus armas bajo supervisión de Naciones Unidas.
«Queremos continuar la marcha de las estructuras insurgentes hacia las zonas y puntos transitorios de normalización, pero todavía la logística no está dispuesta para recibirlos a pesar de que en esas zonas habrá de operarse un proceso gradual de dejación de armas que está delimitado en el tiempo», añadió Márquez.
El guerrillero también explicó que este viernes se activó la «creación de la agrupación política que (…) se ocupará de generar condiciones para la aparición en firme del nuevo movimiento o partido político legal en que se convertirán las FARC luego del cierre del proceso de dejación de las armas», en un plazo máximo de seis meses.
Esa agrupación será la que designará a los tres representantes de las FARC que estarán en el Senado y los otros tres que irán a la Cámara de Representantes como voceros -sin derecho a voto- en la discusión de los proyectos de ley relacionados con la paz. Como parte de lo acordado, también entrarán pronto en funcionamiento una mesa técnica de seguridad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
En cinco décadas, el conflicto armado colombiano ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, con saldo de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
