La indagación es por un presunto sobreprecio en la adquisición de 400 bolsas para cadáveres y la compra de 10 000 pruebas rápidas de covid-19 para la Prefectura de Pichincha. Según el fiscal Santillán, el 29 de mayo del 2020 conoció un parte policial en el que se detallaba la información recopilada sobre un posible hecho de corrupción, tras un monitoreo en Twitter.
En el oficio donde se notifica el inició de la investigación se detalla el texto tomado de la red social: «Al parecer la prefecta Paola Pabón, a través de la empresa pública “Pichincha Humana», adquirió 400 bolsas de cadáveres a USD 52 cada una, en el mercado cuesta USD 15, un contrato de USD 72 300. También se hizo una compra de 10 000 pruebas rápidas a un proveedor inhabilitado».
Hoy (1 de junio del 2020) la prefecta Pabón se refirió a este hecho a través de sus redes sociales. La funcionaria escribió: “Mientras alistamos la automatización del peaje, la Fiscalía guiada por una denuncia falsa de Twitter abre un proceso de investigación por peculado. Así es la infame persecución que sufrimos todos los días.
¡Es tiempo de trabajar por la provincia y por la gente!». Pabón tiene pendiente la realización de la audiencia preparatoria de juicio por el delito de rebelión, durante las protestas de octubre de 2019. Esa diligencia estaba convocada para el 20 de marzo del 2020, en la Corte Provincial de Pichincha, pero se difirió por emergencia sanitaria que vive el país. Aún no existe fecha para esa cita judicial.
Nota Original: El Comercio – LINK