La indagación previa número 195-2018-DRR se abrió formalmente el miércoles 28 de noviembre del 2018 y dentro de ese expediente ya se ordenaron las primeras diligencias.
Entre estas, para el 3 de diciembre, a las 10:00, se citó a Ángel Polivio Sagbay Mejía, para que rinda su versión libre y voluntaria en la Fiscalía.
Él es el antiguo colaborador de Vicuña, quien habría declarado en la Notaría Décima Tercera de Quito, que la funcionaria le había solicitado el pago de una aportación obligatoria para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), a la que pertenece. Y que esos montos, entre 300 y USD 1 400 al mes, los había depositado supuestamente en una cuenta bancaria de Vicuña.
Otra diligencia que ya solicitó la Fiscalía fue la entrega de información bancaria de las cuentas de Vicuña y de Sagbay. Para eso se ofició a los bancos Pichincha y Machala, para que en el plazo de cinco días remitan copias certificadas sobre la apertura de la cuentas, beneficiarios, registros de tranferencias, depósitos, retiros, giros nacionales y extranjeros y toda actividad financiera realizada entre el 1 de junio del 2011 al 31 de mayo del 2013.
También, para el 3 de diciembre se citó al activista político Andrés Páez, para que reconozca su firma en la denuncia presentada contra Vicuña sobre los posibles delitos de concusión y tráfico de influencias. Ese mismo día deberá también entregar su versión voluntaria.
Vicuña, en una conferencia de prensa que dio el pasado 27 de noviembre, aseguró que Sagbay había exigido desde septiembre el cargo de Gobernador de Morona Santiago (él es originario de esa provincia) o de director provincial del IESS, pero que no cedió a sus chantajes y que por hoy se hacen públicas «sus calumnias».
«Las infamias se resuelven en la vía judicial como corresponde, así que ya oportunamente informaremos al respecto pero hay muchos temas importantes (de) qué preocuparse por el país y no hacer cargamontón de calumnias e infamias que obviamente no tienen ni pies ni cabeza«, dijo.
Mientras tanto, en la Asamblea se baraja la posibilidad de crear una comisión especial para tratar el caso y el asambleísta Fabricio Villamar (Creo) ha recogido firmas entre sus colegas legislativos para llamar a Vicuña a un juicio político.
La Asamblea cambió el orden del día para su sesión del Pleno de este jueves, e incluyó un punto extra: debatir una resolución sobre las denuncias que existen en contra de la vicepresidenta Vicuña.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
