El Ministerio Público de Schleswig-Holstein, en representación de la Justicia española, ha pedido en consecuencia a la Audiencia Territorial la entrega del líder soberanista. Corresponde ahora al máximo tribunal de este Land alemán tomar una decisión, para lo de dispone de 60 días prorrogables otros 30, aunque el proceso podría extenderse, si, como es de prever, la defensa de Puigdemont opta por la vía de los recursos.
Entre tanto, la Fiscalía ha pedido la permanencia en prisión del expresidente por considerar que existe riesgo de fuga.
«La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito de rebelión que imputa el magistrado del Tribunal Supremo puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán. En el caso alemán, el delito de alta traición requiere el uso o amenaza de violencia, de ahí las discrepancias que ha habido entre algunos juristas.
«No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles», zanja la Fiscalía y argumenta que las fuerzas policiales españolas advirtieron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el día del referéndum.
Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.
