La Fiscalía de São Paulo ha denunciado este miércoles al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, según medios brasileños. La denuncia supone un golpe más para el exmandatario, después de que la semana pasada fuese interrogado en otra investigación paralela, dirigida por la fiscalía de Paraná, que analiza si se benefició de la corrupción en la estatal Petrobras.
La Fiscalía de São Paulo acusa a Lula da Silva y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ocultar la propiedad de un apartamento de lujo en el litoral del Estado. La vivienda está al nombre de la constructora OAS (investigada en el caso Petrobras), y Lula siempre ha negado que fuese suya. La otra investigación, la del caso Petrobras (llamada Operación Lava Jato o Lava coches) también menciona este apartamento como prueba de que Lula recibió beneficios ilícitos de constructoras. La defensa de Lula había recurrido al Supremo Tribunal Federal argumentando que ambas investigaciones se pisaban la una a la otra.
Lula da Silva ha negado los cargos de la Fiscalía de São Paulo. Su fundación, el Instituto Lula, publicó un comunicado el martes para insistir en que el exsindicalista no es propietario del apartamento y «no cometió ninguna ilegalidad» .
Las sospechas de corrupción cercaban últimamente a Lula da Silva, pero nunca habían sido firmes como ahora. El viernes, la policía registró su casa y se lo llevó a declarar durante tres horas, y la fiscalía publicó un durísimo comunicado acusándolo ser «uno de los principales beneficiarios» de una trama de corrupción que supuestamente desvió entre 10.000 millones de reales (unos 2.400 millones de euros) entre 2004 y 2012.
Para proteger a Lula, todavía un icono del Partido de Trabajadores (PT) y un posible candidato electoral en 2018, algunos ministros le han ofrecido la posibilidad de ocupar un puesto en el Gobierno, informa Afonso Benites. Si aceptase la cartera (la secretaria de Gobierno o el Ministerio de Comunicaciones son los cargos que más suenan), Lula pasaría a estar aforado. Es decir, en el período en el que ocupase un cargo gubernamental, solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, y conseguiría escapar del implacable juez Sérgio Moro, que lidera la Operación Lava Jato y que el viernes lo forzó a declarar. «Soy víctima de un espectáculo mediático», dijo Lula tras ser conducido al aeropuerto de Congonhas (São Paulo) para prestar declaración. «SI querían oírme solo tenían que haberme llamado y yo habría ido, porque no debo nada a nadie y no temo nada».
Estas últimas acusaciones contra Lula han creado todavía más tensión en Brasil, donde la crisis política es omnipresente desde hace meses. La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta una petición de destitución, continúa bajo mínimos (solo un 11% de los ciudadanos aprueban su gestión) y la crisis económica pinta un panorama oscuro. En 2015, según los últimos datos, el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contrajo un 3,8 con relación al año anterior, el peor resultado registrado desde 1996. Para expresar su descontento, varios movimientos sociales y partidos de oposición han convocado una gran protesta en decenas de ciudades para este domingo. El Gobierno ha expresado su temor de que se produzcan enfrentamientos violentos y ha pedido «tolerancia» y «unidad» a los brasileños.
