La decisión de impulsar una política de investigación penal en los casos donde se violentaron los derechos humanos es para Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, uno de los puntales principales en su administración.

Fiscalía

Una de esas investigaciones, abanderadas por la persistencia del Fiscal General, de no dejar crímenes en la impunidad, es ‘González y Otros’, nombre que se le dio al caso que cuenta lo sucedido en un operativo policial, ejecutado el 19 de noviembre del 2003 y que cobró la vida de 8 personas en manos de la Policía, además de la desaparición de otras cuatro.

La Fiscalía logró revertir la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales sucedidas  en la farmacia ‘Fybeca’, del norte de Guayaquil,  que reinó durante 13 años, tanto así que  se encontró a una de las personas que estaba desaparecida desde aquel 19 de noviembre.

Él fue encontrado en el extranjero y traído al Ecuador por los funcionarios que tienen a cargo la investigación del caso dirigida por el Fiscal General.

El ciudadano no ha tenido interacción con su familia, por su propia seguridad y por la de su familia. Pues lo que tenga que decir en el testimonio anticipado que la Fiscalía recogerá en los próximos días, podría ser crucial para resolver el caso.

Esta persona fue encontrada gracias a la decisión política del titular de la Fiscalía, sumada a las redes tejidas con otras Fiscalías en el ámbito internacional y al apoyo de diferentes instituciones, además de la persistencia en no dejar cabos sueltos ni asuntos por resolver y así encontrar una pista que a la final llevó a encontrarlo.

Esta segunda parte del caso ‘Gonzalez y Otros’ entrará a escena judicial con la formulación de cargos que está notificada para el lunes 27 de junio, a las 09:00, en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía procesará a 15 personas, entre las que se encuentra un exministro de Gobierno.

¿Por qué es una segunda parte del caso ‘González y Otros’?

Porque la Fiscalía ha conseguido sentencias condenatorias para 13 personas por asesinato, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial que en el derecho internacional se conoce como grave violación a los derechos humanos.

Las primeras 11 sentencias condenatorias fueron anunciadas por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia el jueves 6 de noviembre del 2014. Cinco de ellos quedaron con 16 años de reclusión mayor.

A los otros cinco los sentenciaron a dos años de reclusión por encubridores, pero como los jueces consideraron que este grado de participación ya no consta en el Código Orgánico Integral Penal, no cumplieron con la pena. El restante, un excomandante de Policía, fue declarado inocente.

El 4 de septiembre del 2015, dos expolicías que estaban prófugos en este caso recibieron sentencia de 16 años como autor y dos años como encubridor. Otros cinco llamados a juicio están prófugos, entre estos el que dirigió el operativo policial en la farmacias: el en ese entonces mayor de Policía, Eduardo G., quien se encuentra en Estados Unidos.

 Ocho ejecuciones extrajudiciales comprobadas

Las pruebas y testimonios expuestos por la Fiscalía durante las audiencias de juicio fueron decisivas para alcanzar las sentencias. Entre estas, el Fiscal General presentó a los cinco peritos de la Unidad de Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela.

Ellos explicaron los resultados de sus investigaciones levantadas en la reconstrucción de los hechos que dirigió Galo Chiriboga, el 23 de enero del 2014.  Los peritos, que vinieron al país a través de asistencia penal internacional con Venezuela, son expertos en técnicas de Inspección Ocular, Planimetría y Trayectoria Balística, trabajaron además en el análisis balístico del caso.

La conclusión de las pericias, y por lo que recibieron sentencia 13 personas, fue que no se produjo un enfrentamiento policial entre efectivos y delincuentes -como fue la historia contada por la Policía por más de una década para ocultar el crimen- Al contrario, recibieron disparos por la espalda y cuando estaban sometidas en el piso.

Para ocultar el hecho se modificó la escena del crimen, desapareciendo evidencias como la grabación del video de seguridad de la farmacia, en el que se habrían registrado los hechos de la mañana del 19 de noviembre del 2003.

Las investigaciones decididas y empujadas por el Fiscal General develaron las verdades sobre las ejecuciones en la farmacia y se empieza con la judicialización por sus desaparecidos: ¡Impunidad nunca más!