Este lunes 12 de junio del 2017 (14:00), esta instancia que se mantendrá hasta el 2021, tiene su segunda reunión para conocer el pedido de Daniel Mendoza, de Alianza País, para iniciar un juicio político al contralor Carlos Pólit. María José Carrión está en su segundo período como asambleísta y también repite como presidenta de esta Comisión.
El único pedido de juicio político que pasó por sus manos era en contra del entonces ministro Augusto Espinosa, pero fue archivado. Además, a la mesa compareció el exfiscal Galo Chiriboga, en medio de la investigación por el caso de corrupción de Petroecuador.
Otros cuatro miembros de la mesa tienen experiencia en fiscalización en la Función Legislativa: los oficialistas Mendoza y Silvia Salgado, el socialcristiano Ramón Terán y Raúl Tello, quien fue electo por el Movimiento Unidos (Pastaza). La imbabureña Salgado tiene mayor experiencia.
Fue diputada en el 2006, pero su período se interrumpió por la Asamblea Constituyente. Volvió al Parlamento en el 2009 y presidió la Comisión de Fiscalización. Además, fue concejala de Ibarra en dos ocasiones.
Según la Constitución, los concejales cantonales tienen atribuciones de fiscalización a los alcaldes y, en caso de ser designados, a los prefectos. Kharla Chávez y Lira Villalba, ambas de Alianza País, tienen similar experiencia, como concejalas de Babahoyo y Píllaro, respectivamente.
Por otro lado, la abogada Karla Cadena (AP) ejerce su primer cargo de elección popular. Entre 2012 y 2013 trabajó nueve meses en el Departamento Jurídico del Consejo Electoral, en el área de fiscalización al gasto electoral.
Los cuatro miembros restantes de la Comisión: Hermuy Calle, Eugenia Espín, Homero Castanier y Jimmy Candell, cumplen su primera función de elección y su primera experiencia fiscalizadora. Espín fue asesora del vicepresidente Jorge Glas cuando dirigió el Ministerio de Telecomunicaciones.
Luego trabajó como asesora de la Vicepresidencia (2013) y como coordinadora de Atención Ciudadana de la misma entidad (2015). Desde hoy, los 12 asambleístas tienen 15 días para recopilar las pruebas para el juicio político en contra de Pólit.
Con base en la información que recaben deberán emitir un informe que archive el proceso o recomiende que sea tratado en el Pleno. En esa instancia habrá dos posibilidades: la destitución o la absolución de Pólit.
Los solicitantes del juicio entregaron como prueba inicial el allanamiento que la Fiscalía ordenó a la vivienda de Pólit en Guayaquil y a una suite en el Swissotel, en Quito. Las diligencias fueron parte de la indagación por el caso de Odebrecht. Los proponentes sumarán evidencias al proceso cuando comparezcan los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes explicarán el proceso de designación de Pólit.
Además, se convocará al fiscal Carlos Baca Mancheno, quien deberá informar sobre los resultados de sus dos viajes a Brasil, en busca de insumos sobre el entramado de corrupción que involucra a la constructora brasileña y a funcionarios públicos.
La primera dificultad que la mesa enfrentará en el proceso es la licencia médica de Pólit. El Contralor está en Miami, con un permiso que empezó el 26 de mayo, y durará hasta fines de julio pero que podría extenderse por un mes más. El procurador del funcionario, Jorge Acosta, aseguró que Pólit regresará siempre que existan las garantías procesales en el país.
Añadió que él podría representarlo en el juicio. La oficialista e integrante del CAL, Verónica Arias indicó que la presunción de inocencia es parte del debido proceso. Este se garantiza no solo en un juicio ordinario, en la vía judicial, sino también en el juicio político y dijo que así será llevado el procedimiento.
Añadió que el proceso seguirá su curso legal aunque el Contralor no se presente en la Asamblea. Pero aclaró que puede ser destituido en ausencia si se encuentran indicios de que no ha cumplido las responsabilidades constitucionales y legales. Según la ley de la Función Legislativa, cuando el proceso se encuentra en la Comisión de Fiscalización el afectado puede presentar las pruebas de “forma oral o escrita”.
Pero esa consideración cambia en el Pleno. Carrión recordó que la norma es explícita y otorga tres horas al funcionario para su defensa y tras la “intervención del funcionario, este se retirará del Pleno”.
