El concurso de jueces liderado por el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el proceso iniciado por Álvaro Román, fueron parte de los intentos fallidos del Consejo por nombrar magistrados de la Corte Nacional de Justicia en este 2024. Cuestionamientos en cuanto a inclinaciones políticas, fallas en las pruebas de confianza y en la fase de méritos derivaron en dos nulidades de dichos concursos.
Ahora, a pocos días de cerrar el año, la jueza Nubia Vera denunció presuntas presiones por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para fallar en contra de Verónica Abad. De acuerdo con la abogada penalista, Marcela Estrella, estos escándalos levantan alertas sobre la injerencia que enfrentará el sistema judicial el 2025, ante la introducción de nuevos actores como el Ejecutivo, al tratarse de la acción de protección para restituir las funciones de la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien el Gobierno tiene fricciones evidentes desde el inicio de su gestión.
«Llega un punto en el que se vuelve insostenible tener que convivir con este tipo de titulares. Que las máximas autoridades se vendan al poder», cuestionó.
Un criterio similar compartió el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, quien consideró que la persistencia de corrupción dentro del sistema de administración de justicia es el resultado de omisiones por parte de instituciones como la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Rentas Internas.
«La independencia judicial ha sido totalmente violentada», indicó.
Precisó que dichas entidades, junto con el Consejo de la Judicatura, deberían realizar cada dos años un análisis del patrimonio de jueces y operadores judiciales para determinar la existencia incrementos injustificados de patrimonios o irregularidades en sus declaraciones.
Institucionalizar la justicia y sus procesos
La abogada Marcela Estrella cuestionó los perfiles que lideran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Precisó que estos no son los más idóneos para cargar con la responsabilidad de designar autoridades de control de alta relevancia como Fiscal General del Estado, Contralor, Defensor Público, entre otras.
También arremetió contra el Consejo de la Judicatura, al que consideró una entidad cuyos perfiles «están quemados» por intentos fallidos por retomar la institucionalidad del sistema de administración de justicia. Por ello, hizo un llamado para fortalecer a los distintos organismos y así retomar la confianza en el sistema.
«No es posible que sigamos perfiles decadentes en el sector público en materia de administración de justicia», sostuvo.
Para Paúl Ocaña, los escándalos en la función judicial y los concursos fallidos de selección de jueces permitieron que los gremios profesionales en derecho y la academia mantengan una sola visión en torno al sistema: devolver la confianza a la administración de justicia.
«Esto, para, por ejemplo, hacer un buen reglamento para el concurso de jueces, donde ya no existan vacíos legales que permitan a mandos medios decidir a quien poner y a quien no dentro de los procesos», consideró.
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