La intervención guiada que había anunciado la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito para inicios de esta semana está parada. El objetivo era movilizar a los ciudadanos venezolanos que armaron ese campamento improvisado en el parterre de la avenida Eloy Alfaro, en los exteriores de Carcelén, hacia refugios temporales en donde puedan descansar de manera digna, mientras logran viajar a otras ciudades o países o rentar un espacio para vivir dentro de la capital.

En el mundo, el covid-19 provocó una afectación “desproporcionada” en los jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Credito: El Telégrafo

Según su titular, Juan Zapata, el Comité de Operaciones de Emergencia que fue convocado para la mañana de este miércoles 29 de agosto del 2018 debió ser suspendido por incumplimientos de otras entidades que forman parte. «Queremos ser enfáticos en que el Municipio de Quito ha cumplido con todos los requerimientos que nos han solicitado tanto los organismos internacionales como la Cancillería».

Sin embargo, el Municipio decidió desactivar el COE hasta que las demás instituciones cumplan con las responsabilidades y compromisos. Según Zapata, la Prefectura de Pichincha tiene una delegada en ese comité, que había anunciado el 13 de agosto pasado que el gobierno provincial tenía capacidad para recibir a 105 personas en tres albergues en los valles.

Además, ponía a disposición buses para movilizarlos. Giovanna Tipán, delegada de la Prefectura de Pichincha en el COE, explicó que esta institución no tiene refugios armados como los que tiene el Municipio, sino que se arman según las necesidades. Para ello, se debe contar con planes y protocolos establecidos que garanticen que se tratará de albergues temporales.

Tipán señala que en el caso municipal no ha habido el flujo esperado. Se preveía que cada persona permanezca cinco días en un CTT, pero hay personas que llevan semanas allí. Zapata dijo que alrededor de 80 personas han salido de estos centros y han entrado nuevas. Por eso, hasta esta tarde, 120 personas estaban albergadas allí.

Este tipo de espacios deben contar con protocolos de apertura, de gestión, de administración y de cierre, dice Tipán, y añade que los CTT no tienen esos protocolos, por lo cual la Prefectura no puede crear nuevos.

Mientras tanto, el gobierno provincial ha colaborado a través de un convenio con transportistas que aportaron con ocho buses para trasladar a 252 personas el jueves y 25 el viernes pasado hasta Huaquillas. Esas personas, dijo, lograron llegar a Perú antes de que ese país exigiera pasaportes a los venezolanos que deseen ingresar.