En este lugar se detectó que, posterior a los crímenes, sus paredes y el piso fueron limpiados con cloro, con el fin de intentar borrar todo rastro relacionado con la violenta agresión que causó la muerte de las jóvenes argentinas.
Esto no impidió que la Fiscalía encuentre una serie de evidencias a través de pericias realizadas en diferentes sitios de la vivienda. “Ningún crimen es perfecto. Con la prueba de luminol quedaron al descubierto las huellas de sangre en el piso. En este caso incluso verificamos la cañería donde debieron limpiar los trapos”, afirmó la fiscal del caso, María Coloma.
A esto se suman las más de 95 pruebas de ADN que permitieron determinar la existencia de fluidos corporales de Segundo P. y Eduardo D., en la escena del crimen. Ellos son los dos sentenciados por este hecho, con pena máxima de 40 años de privación de libertad, el primero en calidad de autor directo y el segundo como coautor.
La sentencia se dio a conocer en la audiencia de juzgamiento que culminó el pasado miércoles 17 de agosto. El Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena impuso esta pena con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Entre estas constan los análisis genéticos realizados a diversos objetos recopilados como evidencias: colchones, sábanas, prendas de vestir, toallas, cuchillo, guantes plásticos y dos cuartones de madera.
Con una de las principales pruebas se demostró que un guante izquierdo de plástico tenía fluidos corporales de Segundo P. y Marina Mengazzo.
Además, se determinó que los pasadores de las botas de Segundo P. fueron usados para maniatar a las extranjeras.
Esto se evidenció en la revisión de los cuerpos sin vida de Menegazzo y Coni, que fueron encontrados el 26 y 28 de febrero del 2016, respectivamente, en matorrales cercanos a la casa donde se cometieron los crímenes.
Más de 200 pruebas
En el juicio, la Fiscalía presentó más de 200 pruebas, entre las cuales constan los análisis de ADN hechos especialistas mediante la Asistencia Penal Internacional de Argentina. Esto permitió confirmar que los cuerpos hallados eran de Marina y María José.
Otra de las pruebas fue el informe de la reconstrucción de los hechos elaborado tercera dimensión (3D). Se hizo mediante la Asistencia Penal Internacional, solicitada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Esto permitió sostener el argumento de la Fiscalía ecuatoriana, con relación a los sitios donde estuvieron las jóvenes argentinas el día de los hechos.
También se presentó a 36 personas como testigos, quienes permitieron sostener el argumento de que los procesados estuvieron con las víctimas antes de que ocurrieron los crímenes.
De estos testigos, 16 comuneros de Montañita fueron citados por la Fiscalía. Entre este grupo estaban quienes aseguran que las argentinas tuvieron contacto con los procesados en distintos sitios de esta localidad: el bar la ‘Abogadita’, el taxi en el que se movilizaron los ahora sentenciados y las víctimas, una despensa y la casa de Segundo P.
Esto fue el 22 de febrero del 2016, fecha en que las ciudadanas argentinas fueron reportadas como desaparecidas. Ellas se encontraban de turismo en Ecuador.
Delitos recurrentes
La pena de 40 años se impuso con base en el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este establece que “cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años”.
Los delitos autónomos de este caso tienen relación con el robo, secuestro, violación y asesinato. “Las jóvenes estuvieron secuestradas al estar encerradas en la casa, les quitaron sus pertenencias y los más valioso que es su derecho a la libertad sexual y a la vida”, expresó la fiscal Coloma.
Frente a la pena impuesta a los acusados, Gladys Steffani, madre de María José Coni, dijo sentirse tranquila. “Realmente se hizo justicia, este resultado no me hace feliz, porque esto no me devuelve a mi hija… Pero desde ya empiezo a sentir que ella está descansando en paz”.
Saber que la Fiscalía no se detendrá hasta poner a órdenes de los jueces a todos los responsables de este hecho también es algo que la tranquiliza. Se refiere a las declaraciones del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, quien confirmó que se abrió otra investigación ante los indicios de la posible participación de más personas en el cometimiento del crimen.
Esta investigación surge luego de que en las pericias se detectó que existe un ADN que no coincide con el de los dos sentenciados. “La Fiscalía en este caso ha cumplido con su trabajo, como debe ser”, recalcó Steffani.
