El Consejo de la Judicatura presentó ayer una demanda civil por daños y perjuicios contra la empresa española Indra, que fue contratada por los representantes de la Judicatura de Transición para que instale el sistema informático ‘Justicia 2.0’. Según los demandantes, el servicio presentó problemas desde su inicio. Por este trabajo se cancelaron $ 23 millones en 2011.
El director del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, y el director jurídico, Esteban Zavala, ingresaron la demanda en la Unidad de lo Contencioso Administrativo de Pichincha, en la que se pide una indemnización de $ 32 millones. Alvear indicó que esa suma se calculó con el análisis del perjuicio ocasionado por la empresa, pues se pagó por un servicio que no pudo ser utilizado.
El funcionario explicó que ese sistema se instaló como plan piloto en la provincia de Santa Elena, donde se detectaron alrededor de 243 incidentes técnicos que se comunicaron a la empresa, la que solo alcanzó a resolver cerca de 180 y luego argumentó que se debían efectuar inversiones adicionales.
El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, indicó que hay computadoras y hardware que efectivamente se usan en función de lo que entregó Indra en su momento, pero la Contraloría indica que no son de los especificados en el contrato, por lo que deben devolverse, cambiarse e indemnizarse.
La empresa Indra señaló, a través de un comunicado, que cumplió con los objetivos marcados en el contrato que ejecutó en el período 2011-2013 con la Judicatura. Aseguró que el sistema ‘Justicia 2.0’, que consta de 9 módulos, se receptó sin observación. Todos los productos del contrato se recibieron a conformidad. Jalkh manifestó que una vez constatados los inconvenientes solicitaron el examen especial a la Contraloría que halló indicios de responsabilidad administrativa de los 2 funcionarios de la entidad que administraron el contrato. Agregó que pidieron a la Contraloría una extensión del informe para que sean auditadas las condiciones precontractuales y determinen si hubo otras responsabilidades en este hecho. El funcionario sostuvo que para que haya acciones penales en estos temas tiene que existir indicios de responsabilidad determinados por la Contraloría, lo cual pasaría directamente a la Fiscalía.
