Hasta febrero de 2024, la Judicatura espera nombrar a los nuevos siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La etapa de postulación concluyó el 19 de agosto de 2023 y ahora las carpetas de los aspirantes están en proceso de revisión.
Según la normativa ecuatoriana, la CNJ se integra de 21 jueces. Sus miembros son elegidos para nueve años, pero cada tres se debe hacer una renovación parcial en tercios. Por esta razón, son siete las vacantes para este proceso.
Aunque el concurso apenas se inicia y, por el momento, no ha habido observaciones de falta de transparencia o problemas técnicos, el proceso ha generado ciertas dudas por la idoneidad de la Judicatura para elegir a los máximos magistrados de la justicia ordinaria.
El Consejo de la Judicatura pasa por un mal momento. Dos de sus vocales, Juan José Morillo y Ruth Barreno, son procesados por supuesto tráfico de influencias. Se los señala por presionar a jueces y está pendiente la decisión de su llamado a juicio.
Además, Xavier Muñoz, otro de los vocales, tiene en su contra una investigación previa por supuesto lavado de activos. Las sospechas responden a acciones anteriores al ejercicio de su cargo público.
¿Obstrucción a la justicia?
Pero la crisis no termina ahí. Ahora, la Judicatura está en la mira de la Fiscalía por una supuesta obstrucción a la justicia relacionada al proceso que involucra a Morillo y Barreno. Sus instalaciones habrían sido allanadas. Ese caso estaba a cargo del exjuez Walter Macías.
Sin embargo, 72 horas antes de que Macías resuelva si los vocales van a juicio, la Judicatura le notificó con una destitución, acción que ha sido puesta en duda por la forma en la que se aprobó.
Solo Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y Muñoz votaron a favor de esa resolución. Morillo, Barreno y Fausto Murillo, los otros integrantes, se abstuvieron.
Por esta razón, según la grabación de esa cita que fue reservada pero que ya está en manos de Macías por orden legal, la secretaria del CJ dijo que no había mayoría.
Sin embargo, Terán la corrigió y le dijo que los votos abstentivos no son considerados votos, por lo que -según él- los dos votos afirmativos constituían una mayoría y por eso Macías fue destituido.
Además, Macías asegura que en la grabación se puede apreciar que Muñoz participó de la cita y decidió sobre su destitución en estado de embriaguez.
Macías interpuso una acción de protección para volver a su cargo. Él era uno de los magistrados que deberá salir de la Corte en esta renovación, por eso se inscribió para buscar la reelección. Sin embargo, ahora duda que el concurso llegue a buen término.
Problemas, otra vez Desde el regreso a la democracia en 1979, la Corte Nacional -antes llamada Corte Suprema- ha tenido cuatro mecanismos de nombramientos. Entre 1979 y 2005, la Función Legislativa fue la encargada de nombrar a los más altos magistrados del país.
En 2005 se nombró una nueva Corte a través de una comisión calificadora nombrada por el Ejecutivo y supervisada por la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina. Para 2008, luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi, los jueces fueron nombrados a través de un sorteo.
En 2011, finalmente, la facultad de nombramiento pasó al Consejo de la Judicatura a través de concursos públicos de oposición y méritos.
El concurso, que es el mecanismo vigente, tiene malos antecedentes. Los cuatro procesos anteriores para renovación y elección de jueces nacionales fueron observados por participantes, veedores y actores políticos. Y, posteriormente, esas observaciones fueron ratificadas por la propia Contraloría General del Estado.
Nota original: Primicias
