En principio, 119 personas postularon para una vocalía de ese organismo. Después del análisis del CNE y, posteriormente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la lista, que debía presentarse el 3 de octubre pasado, fue finalmente colgada en la página web oficial del órgano electoral.
Las hojas de vida y las carpetas de los postulantes son diversas. Sin embargo, hay un hecho que llama la atención: casi la totalidad de los aspirantes no registran experiencia en temas de lucha en contra de la corrupción.
Uno de los seis requisitos para postularse, según el Reglamento aprobado por el CNE, es acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie la defensa del interés general.
La situación
Del listado de mujeres, seis incluyeron en su formulario de postulación algún tipo de experiencia en ese ámbito. Entre las áreas registradas están talleres y participación en varias comisiones.
Un dato importante es que en esta lista están María Fernanda Rivadeneira, actual vicepresidenta del Cpccs, y la consejera Ibeth Estupiñán, quienes, por sus funciones, tienen experiencia en este ámbito. Entre las postulantes también hay un número reducido de quienes han sido parte de veedurías.
Entre los postulantes, solamente tres registraron algún tipo de experiencia en temas anticorrupción. Sin embargo, los temas tienen que ver con promoción de leyes, iniciativa para la prohibición de la paralización de servicios públicos y una acción de inconstitucionalidad.
La situación en la lista de los representantes de los Pueblos y Nacionalidades es más llamativa. Ninguno acredita ese tipo de experiencia o paso por alguna organización dedicada a la lucha anticorrupción. En ella consta el actual consejero Francisco Bravo, quien, por su rol actual, tiene experiencia en el tema.
Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas, el Cpccs no ha demostrado ser eficiente en este rol. Aunque la posición de la Comisión es que el Consejo debería desaparecer, Rodas señala que, ante la inminente elección de vocales, estos deben ser personas probas que se enfrenten al poder.
Rodas no se equivoca. En su proyecto de enmienda para la Consulta que fue negado por la Corte Constitucional (CC), el Ejecutivo señala esa deficiencia.
El Ejecutivo dice que desde el 2010, para el Cpccs se han destinado USD 142 millones. De eso, el 96,9% se gastó en burocracia. Hubo un 0,29% para la promoción de la participación ciudadana, 1,1% en designación de autoridades y 1,6% en consultorías. Pero nada para labores anticorrupción.
Participación ciudadana
Algo que sí acreditan todos es algún tipo de experiencia en participación ciudadana. Sin embargo, en ese aspecto se toma en cuenta hasta los talleres, seminarios y capacitaciones. Entre los candidatos por los Pueblos y Nacionales hay un trabajo más cercano a esto debido a su procedencia desde organizaciones indígena o montubias.
Para Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, el problema es que el reglamento no especifica de qué se habla cuando se menciona este requisito.
Añade que el mismo voto es un ejercicio pleno de participación. Por eso menciona que la normativa es bastante amplia para acreditar esa trayectoria.
El cambio
Después de que fue negada su primera pregunta para quitarle al Cpccs la facultad de designar autoridades, el Gobierno envió dos nuevas a la Corte Constitucional. Una tiene que ver con el mecanismo de elección de los vocales de ese organismo.
En caso de que gane el sí, el 2023 sería el último año en el que a los consejeros del Cpccs se los elige con votación popular. El Ejecutivo plantea que esas autoridades sean parte del grupo que serán designadas por la Asamblea Nacional.
Fuente: El Comercio – nota original : LINK
